El Observatorio Nacional Ciudadano presentó el pasado 26 de octubre, el informe “Mercado de Plaguicidas Ilegales en México”. Este reporte inédito da cuenta de un problema rara vez discutido, pero con profundas consecuencias para la seguridad humana y el desarrollo sostenible. El diagnóstico es claro: los plaguicidas ilegales sean estos falsificados, robados, sin registro, contrabandeados, adulterados o re envasados están ampliamente disponibles en puntos de ventas físicos y digitales, son competitivos en precios y abarcan entre un 15 y un 20% del mercado total.
El adjetivo ilegal no es de ornato. Es crucial que diferenciemos entre estos productos de aquellos que cumplen con todas las regulaciones sanitarias y ambientales y que, usados de manera racional, implican riesgos bajos y mitigables. Un problema como este exige ponerse en los zapatos de las y los agricultores ya que, en promedio, destinan 40% de sus ingresos a la compra de semillas y plaguicidas y que, sin estos últimos insumos, pueden perder el 30% de sus cultivos.
Traigo a colación una anécdota sobre un productor de ejotes que, como muchos otros, utiliza estos insumos fitosanitarios en su día a día. Él adquirió un producto de marca en un agroservicio sin saber que este era falsificado. Lo aplicó, cosechó los ejotes y los exportó a los Estados Unidos. Le detuvieron su embarque y tras el análisis de residuos químicos, lo rechazaron y agregaron a la lista negra de empresas exportadoras.
Acudió con la empresa a quejarse y esta encontró que era falsificado por las diferencias en el etiquetado y de la sustancia.
Para este momento, el agricultor ya había perdido su cuantiosa inversión y la oportunidad de exportar sus cosechas futuras. Si hubiera adquirido el producto original, esto seguramente no habría sucedido. Pero ¿cómo podemos evitar que casos similares sigan ocurriendo?
En el ámbito de las acciones de política, reconozco dos ejes que requieren la colaboración activa de las autoridades con la industria legal. El primero es la aplicación de la ley que debería llevarse a cabo en tres ámbitos: físico, digital y en frontera. El segundo eje es preventivo y se centra en la educación y capacitación para reducir la demanda de estos productos. Afortunadamente, hay experiencias positivas a nivel internacional que pueden ahorrarnos una pronunciada curva de aprendizaje.
Por ejemplo, las autoridades estadunidenses formaron un grupo interinstitucional conocido como “Border Pesticide Initiative” que logró perseguir a 50 personas dedicadas al contrabando de plaguicidas sin registro provenientes de México en 2021. A su vez, decomisaron mil contenedores de producto que, de otra forma, hubieran sido aplicados en cultivos de cannabis y expuesto a los consumidores finales a sustancias como el carbofuran y el metamidofos.
La lección que México debería aprender de este caso es que la cooperación interinstitucional rinde frutos, ya que 7 autoridades diferentes del ámbito federal, estatal y local recopilaron suficientes datos y pruebas para que ninguna de las personas identificadas escapara de la justicia.
Otro caso destacable es la ejecución de operativos simultáneos coordinados por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (EUROPOL). Hasta el momento, la iniciativa conocida como Silver Axe llegó a su sexta edición y permitió asegurar 1203 toneladas de plaguicidas ilegales en puntos de venta físicos, en frontera, paqueterías y en mercados en línea. Se ha consolidado como una interdicción coordinada con resultados de alto impacto en Europa.
Un tercer caso de éxito es la colaboración entre la agencia de aduanas con la autoridad de seguridad alimentaria y de productos de consumo de Países Bajos. Las acciones de detección están centradas en el puerto de Rotterdam y en el aeropuerto de Schiphol y tratan de optimizar la selección de los embarques sospechosos a través de un sistema de riesgos adaptado a la cadena de suministro de los plaguicidas ilegales y el análisis inmediato de las sustancias en un laboratorio. Ambas autoridades llevan a cabo una sola inspección y procuran que exista comunicación entre estas para no afectar el despacho de mercancías.
En América Latina, Brasil lidera las acciones contra los plaguicidas ilegales. La Policía Federal se encuentra a años luz de la Guardia Nacional. Ha sido capaz de realizar análisis de inteligencia para desmantelar una compleja red de contrabando de China hacia Paraguay con destino a la región de Mato Grosso, incautar toneladas de producto, analizarlos en laboratorio y llevar a cabo investigaciones de largo aliento.
Aunque usted no lo crea, el gobierno federal reconoció este problema en el documento “Estrategia nacional para evitar los riesgos al ambiente por los plaguicidas en México” publicado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en mayo de 2020. Pero ¿cree usted que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, alguna de las direcciones de la Guardia Nacional, las unidades especializadas de la FGR o la Agencia Nacional de Aduanas de México conozca este documento y haya puesto manos a la obra? Yo lo dudo.
Subdirector de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano
@VelezManuel
