Al escuchar la palabra “Ayotzinapa” se relaciona con lo sucedido en la noche del 26 de septiembre del 2014. Estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos”, ellos se dirigían a la Ciudad de México para marchar el 02 de octubre. Al pasar por Iguala fueron atacados, hecho que resultó en la desaparición de 43 de estos.
La anterior Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía), en sus investigaciones declararon que los responsables de iniciar en fuego contra ellos fueron policías municipales por ordenes del entonces presidente municipal de Iguala José Luis Abarca. Los estudiantes al ser detenidos fueron entregados inmediatamente al grupo del crimen organizado "Guerreros Unidos". Quienes trasladaron y ejecutaron a los estudiantes. La primera versión por parte de la PGR fue que los estudiantes fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula.
Sin embargo, según el Informe “Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones”[1] elaborada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), esta versión no es acorde a la reconstrucción de hechos. El informe describe tres distintas versiones emanadas de los interrogatorios a los detenidos de lo que sucedió esa noche. Además, el grupo forense argentino por razones logísticas descartó esta declaración, por lo que, hasta el día de hoy las autoridades no han dado claridad de los hechos.
Los resultados que han dejado las investigaciones, es la de un encubrimiento entre autoridades para deslindar responsabilidades. Dado que la capacidad de operación que tiene el crimen organizado de desaparecer personas con ayuda de autoridades locales sin dejar rastros. Dando muestra de la violencia e impunidad con la que vivimos.
Ayotzinapa es uno de los principales casos desaparición forzada y asesinato de los últimos años. Si bien, en el 2015 se analizaron restos humanos y se logró identificar dos de los estudiantes normalistas, hasta ahora no se sabe qué pasó con los demás estudiantes.
Por otro lado, la reciente identificación de un tercer cuerpo en la Barranca de la Carnicería, a 800 metros del basurero de Cocula se considera un giro importante en el caso. Después de seis años, de no dar más información ni avances, el actual Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, solicitó 46 órdenes de aprehensión para nuevos involucrados en el caso.
Con esto, ¿la verdad histórica que dejó la anterior administración se caerá? ¿La impunidad de los muchos involucrados se acabará? O ¿nos encontramos con nuevas acciones que no darán con un fin a las investigaciones de este caso?
En comparación con la pasada administración, vemos intenciones de las autoridades actuales en buscar y encontrar los cuerpos restantes. Sin embargo, de intenciones no se consigue justicia. La instauración de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa está avanzando lento en contraste con las promesas que se realizaron a los familiares. Solo resta que las intenciones se traduzcan en resultados contundentes para por fin, dar paz a las 40 familias restantes.
Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano
@AmpHinterholzer
Referencias
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), 2015. InformeAyotzinapa. Investigación y primeras conclusiones. Ciudad de México , 5 de septiembre.
