Por: Fernando Acosta Chávez
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) realiza desde ya hace varios años el inventario nacional de programas y acciones para el desarrollo social. Esta herramienta tiene el objetivo de mostrar cuántos y qué programas y acciones sociales realizan los tres órdenes de gobierno y contribuir a mejorar su diseño y operación.
Los datos más recientes indican que existen alrededor de 8,400 programas y acciones de desarrollo social en todo el país. Alrededor del 81% de estos programas (6,829) corresponden al ámbito municipal, 17.2% (1,444) al estatal y sólo 1.5% (123) al federal.
Lo anterior parece una buena noticia, dado que se supone que estos programas tratan de atender problemas relacionados con el desarrollo social y el bienestar de la población. Sin embargo, también evidencian que no existe una política social coordinada entre órdenes de gobierno y que las acciones son numerosas y dispersas, por no hablar de la presencia de duplicidades y escasas complementariedades entre programas.
La existencia de tantos programas y acciones de desarrollo social también implica un reto enorme durante los procesos electorales federales y locales. Ese reto se asocia a la posibilidad de que se comentan delitos electorales al utilizarlos en campañas o al condicionar el acceso a dichos programas y acciones sociales a cambio de votos. El actual proceso electoral será el más importante por su tamaño y es relevante mantener lejos de los delitos electorales a los programas y acciones de desarrollo social.
Para evitar delitos electorales asociados a programas y acciones de desarrollo social, recientemente se han elevado las sanciones a este tipo de conductas. La Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE) prohíbe y sanciona los actos que presionen o coacciones a las y los ciudadanos en relación con su voto. Las sanciones incluyen multas y/o prisión. En el caso de los programas sociales, para las servidoras y servidores públicos que incurren en delitos electorales se consideran multas que van de los 200 a 800 días multa y prisión de 2 a 9 años.
Las leyes buscan impedir los delitos electorales, pero esta tarea también requiere la participación de distintas instancias, desde las autoridades electorales, las dependencias y organismos encargados de los programas y acciones sociales y de las y los ciudadanos. Es importante estar atentos y denunciarlos. La participación ciudadana en la denuncia de delitos electorales asociados a programas sociales es siempre central y más en un escenario como el actual.
Las condiciones asociadas a la pandemia de la COVID-19 siguen presentes y también conllevan a nuevos retos en las labores de evitar el uso indebido de programas sociales en la contienda electoral. Conscientes de esta situación, el Observatorio Nacional Ciudadano participa en los trabajos de observación electoral. Nuestra tarea consiste en detectar los cambios en los patrones temporales, geográficos y organizativos de la comisión de delitos electorales que se asocien a la crisis sanitaria por COVID-19 y la implementación de programas sociales.
Buscamos ayudar a que las ciudadanas y ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera plena y libre. Para ello, observamos atentamente que los actores políticos no utilicen las condiciones socioeconómicas desfavorables que enfrentan amplios sectores de la población para comprar o coaccionar los votos.
Asimismo, pretendemos ayudar a prevenir delitos electorales asociados a programas sociales. Para futuros procesos electorales es importante sistematizar la información sobre cómo se usan programas sociales para comprar o coaccionar votos y con ello, contribuir a mejores diseños de políticas públicas encaminadas a impedir este tipo de delitos electorales.
@Fernand0_Acosta
Referencias
Coneval (2021). Inventario Nacional CONEVAL de Programas y Acciones para el Desarrollo Social. Disponible en:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/inventario_nacional_de_programas_y_acciones_sociales.aspx
