Desde las primeras horas de junio muchas instituciones, organizaciones y empresas de todos los tamaños comenzaron con el ya tradicional cambio de sus logotipos en redes sociales. Miles, quizás millones de perfiles, se pintaron con los colores del arcoiris para mostrar su apoyo a la comunidad LGBTTTIQA+. Con el paso de los años, el mes del Orgullo pasó de ser una conmemoración que generalmente pasaba desapercibida para volverse una celebración de la diversidad.
Al mismo tiempo, a nivel mundial han surgido una gran cantidad de debates alrededor de los avances que la Comunidad ha logrado. Cada vez más naciones reconocen la legalidad de las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo o también permiten el cambio de género en documentos oficiales. Ambos cambios son el resultado de años de lucha. A pesar de lo anterior, difícilmente se podría pensar que nos encontramos frente a una “era dorada” para la Comunidad. En muchos países, la homosexualidad sigue siendo considerada como un delito y las uniones igualitarias, legales o no, son perseguidas y repudiadas por la sociedad.
Resulta particularmente preocupante que éstos obstáculos no son exclusivos de un tipo específico de nación. En todo el territorio de los Estados Unidos de América se han presentado leyes que buscan limitar el acceso de la Comunidad a sus derechos básicos:
desde leyes que prohíben la participación de la comunidad trans en actividades deportivas, hasta la Ley “Don’t Say Gay” en Florida
La proliferación de este tipo de normas y políticas no sólo son preocupantes por el riesgo que representan para las personas dentro de la Comunidad LGBTTTIQAP+; también sientan un precedente sobre la posibilidad de retroceder en el reconocimiento de sus derechos.
En el caso de nuestro país, los avances alcanzados han sido significativos. Desde el reconocimiento del matrimonio igualitario realizado por la SCJN hasta la codificación de este tipo de uniones en la mayoría de las entidades federativas; incluso el reconocimiento al derecho de la correción en actas de nacimiento. Sin embargo, aún existen áreas de oportunidad considerables en la materia.
De acuerdo con los información de la plataforma Visible, se han recibido 864 reportes sobre actos de violencia y discriminación contra personas de la Comunidad de noviembre de 2018 a octubre de 2021. Las entidades con más reportes son: Ciudad de México, con 167; Jalisco, con 111 y Estado de México, con 91.
A pesar de lo anterior, en el diseño de políticas públicas y de herramientas de medición en las institución de procuración e impartición de justicia no se cuentan con criterios homologados para visualizar de manera específica este tipo de violencia. Por lo tanto, no se cuenta con información suficiente para poder birndar atención especializada a esta problemática.
La necesidad de contar con criterios específicos para la medición de la violencia contra la Comunidad no sólo se visualiza en las políticas de atención especializada, sino que también debe de entenderse como un elemento básico para generar políticas de prevención para atacar el problema desde su origen.
El problema de la violencia en contra de las personas de la Comunidad, al tener un origen sistémico, requiere que las soluciones también se conciban desde una perspectiva integral, donde se atiendan tanto las consecuencias de los actos violentos o discriminatorios como la educación dentro del ámbito educativo, cultural y social.
@jfvc27
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