Por: Laura J. Ambrosio Jaramillo
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) hasta el 3 de junio de este año presentó un total de 88,586 personas que están en calidad de desaparecidas o no localizadas. Nadie sabe en dónde están, qué les pasó o cuándo las y los volveremos veremos a ver. Esta es una crisis en materia de derechos humanos y violaciones sistemáticas cometidas por parte de diferentes actores, entre ellos el Estado, que ha afectado a familias y comunidades enteras en todo el país. La deuda con la sociedad es mayúscula, y por lo tanto, se esperaría que las y los candidatos que participan para las gubernaturas, hubieran mantenido este como un tema central en sus propuestas de trabajo a corto, mediano y largo plazo.
Fueron 13 las plataformas electorales que decidieron participar en el proyecto de Por un México Seguro (PUMS) y únicamente en 4 se identificó alguna mención relacionada con este tema.
Por ejemplo, para Sonora, estado que presentó la mayor cantidad de candidatos de una sola entidad y lugar en donde la administración de Claudia Pavlovich sobrepasa las 3,000 personas que están en calidad de desaparecidas y no localizadas según el RNPDNO, sus propuestas fueron magras frente a la complejidad del problema.
En primer lugar, David Cuauhtémoc Galindo consideró como un objetivo a mediano y largo plazo (3 años) el reducir el número de desapariciones en el estado, pero no presentó algún indicador que permitiera evaluar su desempeño. En segundo, Rosario Robles, también señaló que a mediano plazo buscará disminuir este delito y a la par desarrollar una base de datos que dé seguimiento a cada uno de los casos. Para ella, el indicador será el número de personas desaparecidas en el estado, pero se desconoce si la base de datos está contemplada como auxiliar al RNPDNO y/o bajo que ordenamiento jurídico operaría. En tercero, Ernesto Gándara dirigió su propuesta a garantizar la no revictimización de los familiares de víctimas, a respaldar y apoyar la labor de los colectivos de mujeres en las búsquedas y proporcionales atención psicológica, económica y social. Sin embargo, se desconoce bajo qué indicadores o instrumentos legales lo hará, por lo que su intención es loable, pero se queda corto en la indumentaria institucional que propone.
Por su parte, una de las aportaciones más significativas en el tema fue de Leoncio Morán, candidato al estado de Colima. Su equipo de trabajo reiteró a lo largo de la propuesta, el interés por reducir el delito de trata de personas mediante el fortalecimiento de las instituciones estatales vinculadas con la búsqueda de personas. También, mencionó como parte central de su estrategia, la generación de protocolos y despachos especializados que a través del uso de tecnología, llevaran a cabo la identificación de puntos o zonas de mayor peligro para la población vulnerable. En este caso, aunque no se aprecia como una estrategia consolidada, ni tampoco contempla la posibilidad de que estas desapariciones puedan ser el resultado de otros delitos, es una propuesta que destaca del resto de aspirantes al tan solo identificar a más actores involucrados, y al generar propuestas para la disminución de su incidencia con vínculos con otras actividades delictivas.
Para las otras plataformas en seguridad que fueron evaluadas, no se identificó alguna otra mención relacionada con la desaparición de personas en sus estados y en los casos en los que se hace, hay figuras centrales que están ausentes. Por ejemplo, en ningún apartado, alguno de los y las candidatos generaron propuestas vinculantes para la disminución de este delito que para su prevención, investigación y búsqueda tiene que ir de la mano con la Fiscalía General de la República, con la Comisión Nacional de Búsqueda, con las comisiones estatales estatales y locales de cada una de las entidades o tan sólo, con la conformación de cuerpos especializados en la materia.
La desaparición de personas en el país es un delito que va en ascenso día con día y hasta el momento, las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno se han mantenido ausentes frente al tema. Por ende, es responsabilidad de todos los electores exigirle a nuestros candidatos y candidatas un proyecto que responda a nuestras preocupaciones y que garantice que estas se mantendrán en la agenda de seguridad de nuestros representantes.
Consulta en la página del ONC este y otros resultados derivados de la revisión de las plataformas electorales 2021 https://onc.org.mx/
@AmbrosioJLaura
