Por: Jessica Lechuga Huerta

En México, la gran mayoría de los delitos no se denuncian. De acuerdo a la ENVIPE 2020 del Inegi, en 2019 sólo el 11% de los delitos fueron denunciados ante el Ministerio Público. De estos, en el 69.1% de los casos se inició formalmente una carpeta de investigación. Lo cual resulta en una cifra negra de la incidencia delictiva de 92.4% para 2019, que desde 2012 oscila entre 92.1% y 93.8%.

Estos datos denotan un grave problema de impunidad, violencia e inseguridad en el país. Al no denunciar los delitos no contamos con cifras apegadas a la realidad con lo cual generar política pública congruente con las realidades locales. De forma más significativa, esto resulta en restricciones al derecho de acceso a la justicia para las víctimas. Pero, ¿por qué no denunciamos en México?

De acuerdo a esta encuesta, las razones por las que las víctimas no denuncian son en 64.1% atribuibles a la autoridad. Entre los principales motivos se encuentra considerar la denuncia como una pérdida de tiempo (36.3%), la desconfianza en la autoridad (15%), trámites largos y difíciles (8.4%), actitud hostil de la autoridad (3.5%) y miedo a que lo extorsionen (0.8%). En contraste, el 35.1% que refiere a otras causas son por el miedo al agresor, considerar el delito de poca importancia, no contar con pruebas y otros.

Al comparar la cantidad de delitos no denunciados y no registrados resalta que los motivos de la cifra negra atribuibles a la autoridad tienen un peso considerable. La desconfianza en el Ministerio Público, los escasos resultados, la tediosa burocracia y la posible revictimización que implica la denuncia, impiden conocer la totalidad y las características de los delitos. Esto lacera las condiciones de acceso a la justicia y el pleno ejercicio de derechos humanos en el sistema de justicia penal para las y los mexicanos.

Sin embargo, actualmente y aunado al contexto de la contingencia sanitaria global, las fiscalías y procuradurías locales han fomentado y fortalecido mecanismos remotos para la presentación de denuncia o pre-denuncia. Algunas incluso han establecido sistemas de citas para evitar concentraciones de personas en las Agencias del Ministerio Público. Lo que reduciría los tiempos de atención de denuncia que en 87.1% implican de una a más de cuatro horas en presentar.

Estas medidas pueden impactar en mejor atención a las víctimas del delito. Además de proporcionar un fácil acercamiento de la denuncia para las personas con discapacidades, de la tercera edad y/o con poca disponibilidad de tiempo; sin que afecte la economía de las víctimas o la sobrecarga de impactos negativos al denunciar el delito. Aunque esto ha respondido a circunstancias sanitarias, también ha promovido la eficacia en la presentación de la denuncia, cuya atención puede ser casi inmediata dependiendo de los canales que pueden ser a través de números telefónicos de WhatsApp, formularios en las páginas electrónicas o aplicaciones para celular.

Aunque estos mecanismos presentan una novedosa y desde antes necesaria forma de presentar la denuncia, las instituciones de procuración de justicia deben hacer lo propio para asegurar la confidencialidad de los datos que se reportan, la calidad de la oportuna atención y las alternativas a las dificultades de conectividad por parte de ciertos sectores. Resultando en un ejercicio empático y solidario para las víctimas del delito y disminuyendo así la no denuncia atribuida a la ineficacia de la autoridad a medida de los buenos resultados que puedan presentar.

De igual forma, los motivos de no denuncia por desconfianza al Ministerio Público, actitud hostil y la posible extorsión al presentar una denuncia pueden ser revertidos al presentar quejas institucionales contra servidores públicos responsables.

En este sentido, se ha articulado el 089, así como módulos específicos en las páginas de internet, aplicaciones para celular y teléfonos de contacto directo con Visitaduría General y/o el órgano interno de control. Con lo cual asegurar un servicio público de calidad en apego al Estado de derecho. Debemos ser conscientes del papel que tiene articular nuestras exigencias de justicia ante la autoridad pública. Denunciar es un ejercicio de rendición de cuentas.

Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano.
@yei_lechuga

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