La noción popular sobre los mercados ilícitos tiende a decantarse hacia productos como las drogas y las armas. Las historias de traficantes de droga cruzando la frontera con un alijo escondido en una maleta, o de narcomenudistas detenidos con bolsas de polvo blancuzco o grisáceo abundan en las noticias y en los programas televisivos. Estas dominan las representaciones sociales de los intercambios prohibidos. En este proceso, oscurecen otros mercados con estructuras y características diferentes, pero social y económicamente relevantes.
Mercados ilícitos como el de plaguicidas, semillas, esteroides y anabólicos subestándar, tabaco, medicamentos falsificados, fauna y flora silvestre, arte, autopartes, órganos, combustibles, ganado, recursos maderables y pesqueros, minerales, e incluso la misma tierra quedan relegados a un tercer o cuarto plano sin que exista suficiente investigación, reconocimiento público y una respuesta institucional en forma.
México es un escenario privilegiado para los mercados ilícitos. Reúne características como la extensa variedad de recursos naturales y herencia cultural, la conexión a mercados internacionales, una economía diversa con mercados internos atractivos, infraestructura suficiente para la logística y como cereza del pastel, un estado de derecho más bien laxo.
Adoptar una visión más amplia de los mercados ilícitos supone renunciar a las explicaciones simplistas de que todos funcionan igual, de que todos son violentos, de que en todos participan los cárteles, o de que todos precisan algún grado de corrupción de alto nivel. No se requiere mucho más que abrir bien los ojos para darse cuenta de todas las posibilidades existentes.
En este sentido, hay factores que distinguen a los mercados ilícitos. En primer lugar, su definición dependerá del marco jurídico de cada país lo que, de inicio, ya plantea variaciones sobre lo que se considera legal e ilegal. Un caso clásico son las apuestas y la prostitución que se permiten en algunas jurisdicciones.
En segundo lugar, la legitimidad social, entendiendo esta como “las creencias generalizadas que movilizan las preferencias de los consumidores1”, juega un papel fundamental para explicar qué tan visibles serán las transacciones y, por ende, qué tanta confianza se necesita entre las partes para concretar el intercambio.
Pensemos, por ejemplo, en la pornografía infantil o en el comercio de órganos, que son socialmente rechazados, versus la piratería o los combustibles robados.
Un tercer factor distintivo de los mercados ilícitos son las instituciones o reglas del juego informales que posibilitan las transacciones y que resuelven los problemas de coordinación. Recordemos que la ley y los mecanismos convencionales de resolución de conflictos no están disponibles para ninguna de las partes. ¿A quién le reclama uno si un producto robado no tiene la calidad esperada o si una obra de arte resulta ser apócrifa?
Pero, eso no significa que los actores estatales no tengan cabida y que estos mercados se coordinen gracias a la mano invisible. Es más, estos actores pueden generar espacios de venta con cierto grado de protección que le dé dinamismo y persistencia a los intercambios. Este es el caso de los mercados notorios de piratería analizados por el ONC en 2020.
El cuarto factor de los mercados ilícitos radica en la formación de expectativas sociales y cómo estas se traducen en preferencias. Este aspecto entraña para mí uno de los rasgos más interesantes y preocupantes, ya que nos permite entender cómo se relacionan los consumidores y oferentes con la ilegalidad en el largo plazo más allá de la transgresión de una norma.
Podemos encontrar cómo la venta de productos robados o pirata se convierte en un modo de vida para algunos; o cómo surgen mercados complementarios como la minería ilegal y la trata de personas con fines de explotación sexual en los sitios de extracción. Incluso, cómo un gobierno permite o alienta estos mercados con decisiones como la ley seca.
En próximas fechas, el ONC publicará un estudio pionero sobre el mercado de plaguicidas ilegales en México. Resulta sorprendente cómo a pesar de que este producto está regulado a lo largo de todo su ciclo de vida, es decir, desde la creación de una nueva molécula hasta la disposición final de los envases, existe un segmento ilegal nada despreciable a la vista de todos.
La pregunta obligada es: ¿por qué una organización de la sociedad civil especializada en seguridad y justicia se involucra en un tema así? La respuesta es simple: representa riesgos a la seguridad humana que serán muy costosos para la sociedad si no se atienden con urgencia.
@VelezManuel
