Las reflexiones sobre los efectos de la pandemia en las condiciones de vida de la población han proliferado. Y no es para menos, ya que el crecimiento económico, los mercados laborales, la educación y la seguridad, experimentaron consecuencias inmediatas que generaron interés mediático y académico. Pero, ¿qué hay de los mercados ilícitos?
Tomemos, por ejemplo, los cigarrillos ilícitos que, de acuerdo con el reporte más reciente de la consultora Oxford Economics, representan 18.8% del mercado mexicano y cuyo consumo aumentó 3.2 puntos porcentuales respecto a 2019. Dos factores que explican este cambio es la reducción del poder adquisitivo del consumidor promedio y el diferencial de precio que existe entre un cigarro lícito y uno ilícito.
Cuando el consumidor ve mermado su ingreso, simplemente sustituye temporalmente el producto por uno más barato, pero que evade una onerosa estructura impositiva que le cuesta al erario 13 mil 500 millones de pesos al año. Este monto representa aproximadamente el 80% del presupuesto asignado a la Fiscalía General de la República.
Como era de esperarse, la diversidad de productos ilegales médicos observada desde la primera ola hasta la cuarta abarcó dispositivos como cubrebocas y pruebas rápidas, así como vacunas y medicamentos de última generación. La libre circulación de estos productos amenaza gravemente la salud pública pues no garantiza protección efectiva contra el contagio; ni que el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad por Covid-19 sean oportunos y correctos.
Por ejemplo, un cubrebocas pirata o subestándar difícilmente tendrá los controles de calidad necesarios para que personal médico que labora en las áreas Covid de los hospitales esté protegido. Por su parte, las pruebas rápidas ilícitas brindan resultados erróneos y, por lo tanto, retrasan un diagnóstico correcto, fomentan los contagios y perjudican el bolsillo de las personas.
Hace unas semanas, se tuvo conocimiento de quioscos en donde se realizaban pruebas rápidas (también las PCR) pirata, durante los días en que los quioscos del gobierno de la Ciudad de México se encontraban fuera de servicio. La premura por obtener un resultado a bajo costo orilló a cientos de capitalinos a realizarse estas pruebas. Adicional a estos establecimientos semi fijos, la venta de pruebas a través de medios digitales es tan ubicua como los puestos callejeros de tacos y tortas.
En cuanto a los medicamentos y vacunas, existe evidencia de su comercialización en clínicas privadas y a través de redes sociales como Whatsapp. De acuerdo con especialistas en farmacia que consulté, medicamentos como el tocilizumab y el baricitinib, así como las nuevas moléculas como el molnupiravir y el paxlovid también tienen alta demanda, a pesar de que estas últimas apenas fueron aprobadas por la autoridad sanitaria para su uso de emergencia.
A su vez, productos del hogar piratas como limpiadores de superficies, toallas desinfectantes y geles para manos pulularon durante los últimos dos años. El streaming ilegal durante los meses más severos de confinamiento se convirtió en una fuente de entretenimiento para los usuarios y una posible entrada para los ciberdelitos como el robo de identidad.
Es un hecho que la pandemia generó oportunidades de negocio que se nutrieron de la adversidad económica, de la débil aplicación de la ley y de la saturación de los servicios públicos y privados legales. Si bien las condiciones eran extraordinarias, no eran imprevisible suponer que esto ocurriera.
Las autoridades podían preverlo y articular una respuesta más contundente que no se redujera a invitar a la población a realizarse las pruebas en lugares autorizados, o a emitir llanas alertas o de plano, difundir un video con botargas con forma de Covid.
Es una profunda decepción consultar los resultados de aseguramientos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2021 y darse cuenta que la Guardia Nacional no pudo asegurar ni cubrebocas ni otro tipo de equipo médico apócrifo en 2020. Solo logró asegurar la friolera de 651 frascos o cajas de medicamentos en Guanajuato y Oaxaca. Ya ni qué decir de la FGR que opta por no dar a conocer estos datos en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal o de la COFEPRIS cuyos resultados en materia de operación sanitaria son herméticos.
Retirar la mayor cantidad de productos potencialmente dañinos del mercado ya sea en puntos físicos, en medios digitales o en frontera, sensibilizar a la población sobre sus riesgos y rastrear el origen de estos debieron haber sido las prioridades de política bajo un enfoque de salud pública. De lo contrario, los mercados ilícitos seguirán en expansión, con o sin pandemia.
@VelezManuel
