Por: Manuel Vélez
Es un hecho que no tenemos la información suficiente para analizar los fenómenos delictivos como nos gustaría. Distamos de contar con el universo de datos cuantitativos y cualitativos para entender la evolución temporal y geográfica de la criminalidad y así, generar una base para las políticas públicas que favorezcan la prevención y la mitigación de su impacto en la vida cotidiana de las personas.
Pero desde hace décadas, los gobiernos han invertido recursos para producir información más oportuna y precisa que oriente el quehacer de las autoridades. Las experiencias al respecto son diversas. Mientras que en algunos países las innovaciones tecnológicas y científicas han permitido la predicción de hechos delictivos con cierto grado de exactitud; otros aún se enfrentan a la tarea de hacer comparables sus estadísticas y de reducir el rezago temporal de su publicación.
Un reto común al que se enfrentan los gobiernos y la sociedad cuando la confianza en las autoridades policiacas y de justicia es escasa consiste en cuantificar el tamaño real de los problemas de incidencia. Saber si se cometen muchos o pocos delitos es una actividad a la que se le dedica bastantes recursos. Ya sea que se trate de carpetas de investigación, víctimas, llamadas a los números de emergencia o cualquier otra información relativa a la ocurrencia de un hecho delictivo, el interés por medir sigue vigente.
Sin embargo, pareciera que nuestro anhelo de medir está ignorando varios aspectos latentes. En primer lugar, deberíamos partir de la base de que los fenómenos delictivos no son equivalentes a los estrictamente económicos o políticos y que, en consecuencia, el enfoque de la medición forzosamente debe ser distinto.
Por ejemplo, son múltiples las mediciones sobre la rentabilidad de los negocios criminales. Algunos indican que la trata de personas es la tercera o segunda actividad más importante en términos de ingresos para las organizaciones delictivas; mientras que otros estudios aseveran que este lugar lo ocupa la piratería. ¿Qué nos dice esto realmente? Más allá de un dato para repetir ad nauseam, pareciera que la comparación proviene de un análisis de una industria legal que probablemente no sea una aproximación ni representativa ni replicable.
En segundo lugar, se asume que las herramientas disponibles de medición sirven para cualquier delito sin reconocer las limitaciones propias de cada instrumento. Ni las carpetas de investigación, ni las llamadas a los números de emergencia son suficientes (o siquiera adecuados) para caracterizar lo que la literatura especializada denomina delitos complejos.
Estos normalmente se componen de múltiples conductas por lo que se necesitan otros instrumentos que partan de definiciones operacionales claras y que abiertamente reconozcan que un número no lo dice todo. Tal es el caso del crimen organizado, la trata de personas, la falsificación de moneda, la piratería, la corrupción, los delitos ambientales, el tráfico de armas, entre otros.
En tercer lugar, es necesario estar al tanto de la utilidad práctica de cualquier medición la cual, radicará en identificar cómo esta contribuye a definir qué, cómo, cuándo y con quién realizar determinada intervención. En este sentido, puede resultar atractivo medir el cobro de piso mediante la cantidad promedio exigida por concepto de protección, pero quizás sea más fructífero explorar otros aspectos como quiénes la ejecutan y la relación que construyen con sus víctimas a largo plazo.
De la misma forma, puede ser interesante saber que 8 de cada 10 personas consumen productos falsificados, pero difícilmente esta medición puede contribuir a identificar la dinámica de mercados donde el consumidor no sabe que está adquiriendo un producto de esta naturaleza. Tampoco permite reconocer otras modalidades de la piratería (cada vez más frecuentes) a través de medios digitales. Sobre este último aspecto, el cambio tecnológico también supone retos para la medición y mientras los sigamos ignorando, poco se puede hacer al respecto.
La meta de este artículo ha sido exponer algunos elementos relativos a la medición de los fenómenos delictivos que condicionan mal que bien su comprensión. En pocas palabras, la moraleja es que debemos sustituir aquella gastada frase que expresa que: “lo que no se mide, no se puede mejorar” por “lo que no se mide y no se entiende, no se puede mejorar”.
Subdirector de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano
@VelezManuel
