Por Ángel Fernández
A pesar de que el ejecutivo federal y algunos gobiernos subnacionales presumen la reducción de los homicidios intencionales como sinónimo de una mayor seguridad, el diagnóstico es engañoso. Si bien, hay una menor apertura de carpetas de investigación por la conducta criminal, hay otras que han alcanzado niveles históricos, lo cual mantiene la posibilidad de que en el corto plazo poco se pueda presumir.
De acuerdo con las cifras del SESNSP, al comparar el primer año completo (2019) del gobierno de López Obrador con el último (2022), la tasa de homicidios dolosos se redujo en un 13%. A nivel estatal, al hacer el mismo análisis, la tendencia a la baja predomina: en 23 entidades hubo una disminución, mientras que en nueve el delito creció entre un 87% (Zacatecas) y un 8% (Colima).
Por otro lado, las extorsiones en 2022 alcanzaron una tasa nacional récord de 7.95 por cada 100 mil habitantes; ni siquiera durante el gobierno de Peña Nieto, en 2013, se había experimentado una situación similar (6.94). Además, el contexto es crítico en entidades como Zacatecas (28.7) y Colima (17.6), donde se registraron tasas inusuales del delito, al mismo tiempo que tuvieron algunas de las tasas más altas de homicidios dolosos (68.2 y 93.4, respectivamente).
Otra conducta delictiva que marcó un récord nacional en denuncias, y al mismo tiempo está vinculada con la violencia, es el narcomenudeo. En 2022, en todo el país se registró una tasa de 66.4. En entidades donde los homicidios dolosos han aumentado en los últimos años, como Guanajuato, Baja California y Colima, el narcomenudeo también alcanzó tasas récord (353.2, 257.9 y 242.9, respectivamente).
Un último ejemplo es la violación, ya que en 2022 se llegó a la tasa nacional histórica de 17.8. A pesar de que diversos análisis pronosticaban una reducción de este tipo de conductas delictivas una vez superada la pandemia, esto no sucedió. A nivel estatal, Quintana Roo (45.5), Baja California Sur (31.2), Chihuahua (35.3) y Querétaro (29.4) alcanzaron las tasas más altas desde que se tienen estadísticas.
Estos datos dejan evidencia lo lejos que estamos de superar la crisis de inseguridad y violencia. La convergencia de ciertos delitos en distintas partes del país podría explicar, en parte, la persistencia de eventos de violencia extrema reportados por los medios de comunicación. Aunque las autoridades eviten o frivolicen el problema, la criminalidad sigue siendo evidente para todos.
En el corto y mediano plazo, podríamos esperar que algunos delitos sigan alcanzando niveles nunca antes registrados, al menos por dos razones. Primero, la sucesión presidencial está en marcha y, una vez más, el problema de la inseguridad comienza a diluirse entre los proyectos políticos de los funcionarios. Segundo, las autoridades locales continúan esperando que el gobierno federal ofrezca una solución al problema, aunque esta sea poco efectiva.
Es imperativo realizar una revisión exhaustiva de las experiencias adquiridas en los últimos 15 años. Creer que exclusivamente la militarización de la seguridad y las transferencias monetarias, a través de programas sociales, reducirán la inseguridad y la violencia promete pocas certezas. La coyuntura brinda la oportunidad de identificar cómo algunas experiencias a nivel local han logrado generar elementos protectores para vivir en contextos de paz y seguridad.
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
@DonJAngel
