Letargo institucional frente al lavado de activos de la trata de personas

Seguir el rastro del dinero originado por la actividad del crimen organizado es uno de los retos más grandes que enfrentan los gobiernos alrededor del mundo. La razón principal es que cada mercado criminal tiene una lógica específica de acción y por lo mismo, se requieren estrategias diferenciadas para la detección y combate de estos flujos financieros. No es lo mismo seguir la pista al dinero generado por el tráfico de drogas, el tráfico de migrantes o por la trata de personas.

En México, la trata de personas y su correspondiente lavado de dinero evolucionan permanentemente, mientras que las instituciones encargadas de enfrentar el problema caminan a otro ritmo, se ajustan a las manifestaciones del delito después de que los tratantes han puesto en marcha nuevas formas para que sus ganancias ilícitas no sean detectadas por el sistema financiero; por ejemplo, el uso de monedas virtuales como el bitcoin, para lavar dinero a través de transacciones en la internet profunda.

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en su estudio Lavado de dinero en la trata de personas. Desafíos para su atención1 publicado hace algunos meses, reporta que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos ha encontrado evidencia que organizaciones criminales como los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación o Los Zetas, han hecho uso de este tipo de esquemas electrónicos difíciles de rastrear para blanquear sus ganancias. Si bien este tipo de operaciones aún son a pequeña escala, han surgido de manera paralela servicios de intercambio, legales e ilegales, para convertir la moneda fiduciaria en virtual y viceversa.

Frente a este contexto, los especialistas consultados por el ONC explican que el lavado de dinero ya no consiste más en poner dinero en efectivo en una bolsa, contrabandearlo en la frontera y luego enviar importantes cantidades de dinero mediante giros fraccionados y con la utilización de varios remitentes conocidos como "pitufos" a través de diferentes instituciones financieras, sino que ahora se hace por medio de plataformas en línea, criptomonedas, servicios de transferencia de dinero y bancos y otras instituciones.

Sin duda, la complejidad de la economía criminal ha cambiado con el crecimiento de la tecnología, por ello es importante identificar esos flujos ilegales y a quienes los operan con el objetivo de desmantelar sus estructuras y proteger la integridad y estabilidad de los sistemas financieros. Es necesario un reforzamiento del sistema de prevención y combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México que esté en concordancia con los actuales sistemas de monitoreo de riesgo elaborados por distintas dependencias e instituciones internacionales. Esto sin olvidar que hay importantes cantidades de dinero en efectivo usado o derivado de la explotación humana que no pasa por la banca comercial.

En nuestro país, el régimen de Actividades Vulnerables2 es relativamente nuevo, en septiembre de 2019 entró en vigor una modificación a la Ley Federal para la Prevención
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que consiste en una adhesión de la Fracción XVI al Artículo 17 de la Ley, con el objeto de incorporar como actividad vulnerable el ofrecimiento habitual de intercambio de activos a través de plataformas electrónicas, digitales o similares. Sin embargo, la fiscalización de las Actividades Vulnerables se encuentra menos desarrollada.

Otro factor importante que incide en esta problemática es que la actual administración ha avanzado poco en el trabajo interinstitucional del combate al lavado de dinero vinculado con la explotación humana. El Informe 2019-2020 de la Comisión Intersecretarial Contra la Trata de Personas, difundido en octubre pasado, no menciona ningún programa o eje de acción para combatir la economía de este mercado criminal.

A decir del reporte, el esfuerzo interinstitucional sigue entregado a la implementación de la política pública en la materia, a la capacitación, a la prevención del delito y a la atención a las víctimas. El tema financiero permanece ausente.