Por Antonio Amador
Hasta el 2018, cuando miembros de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina desplazaron a los elementos remanentes de la Policía Federal, la seguridad aeroportuaria en México estaba a cargo de la División de Seguridad Regional, encargada del cuidado y salvaguarda de vías, tramos carreteros y áreas de seguridad estratégica, como los aeropuertos.
Pero las funciones de dicha división no sólo se limitaban a la llamada “seguridad regional” del país, sino que este organismo también formaba parte importante de un estructurado modelo de tráfico de personas, de sustancias ilícitas, de animales exóticos y en peligro de extinción, de dinero y piedras preciosas.
La balacera de 2012 en el lobby de la terminal dos, en la que fallecieron tres elementos de la Policía Federal, por ejemplo, nos permite pensar en las tramas de la corrupción. En los medios circuló la versión de que se trataba de un mal entendido por el hallazgo de un portafolio con drogas, proveniente de un vuelo de Lima, Perú, pero no se ahondó más en los porqués y las determinantes de la balacera entre uniformados.
Algunas pistas para comprender las profundas redes del tráfico de sustancias psicoactivas en México las ha ofrecido el llamado Juicio de Brooklyn contra Genaro García Luna, el cual ha dejado constancia de que los policías de aquel entonces gozaban de la venia de los altos mandos de la institución. Las entrañas de la Policía Federal eran complejas.
Y es que una práctica común entre los miembros de la División de Seguridad Regional eran “las igualas”, es decir, los acuerdos de incentivos económicos entre policías y grupos delictivos que favorecían la colusión, la complicidad y el contubernio para facilitar actividades ilícitas, aunque éstas podían acordarse también entre civiles que quisieran gozar de la venia y del cobijo policial para evitar multas y poder descargar y trasladar mercancías, tanto en aeropuertos como en carreteras federales.
Las igualas, sencillamente son el pago que un uniformado recibía de un ciudadano a cambio de gozar de una protección “de igual a igual”. En el caso de los aeropuertos, era la moneda de cambio para poder traficar libremente sustancias psicoactivas, o bien para afrontar cualquier posible inconveniente con otras instituciones policiales, en otros aeropuertos, o en las carreteras del país. La iguala ofrecía una suerte de póliza de protección extendida mediante la comunicación entre uniformados de la División de Seguridad Regional, hoy Coordinación de Batallón de Carreteras y Aeropuertos. Así se facilitaba el tráfico de personas en los filtros aeroportuarios, y se traficaba también libremente sustancias y dinero de las plataformas aeroportuarias.
Pero en estos tiempos abiertos al cambio y a la transformación, la pregunta es ¿qué ha pasado con el libre ejercicio de las igualas en aeropuertos y carreteras?
Una primera hipótesis, la más lisonjera, considerando lo enquistado de la corrupción en México, es que las igualas terminaron. Lo cual idealmente invitaría a suponer que el tráfico de sustancias psicoactivas cesó en el país y que sólo existen casos aislados en delitos contra la salud.
Otra hipótesis es que las igualas disminuyeron. Es decir, ante el cambio de instituciones encargadas de la seguridad y ante el relevo institucional mermó esta vieja moneda de cambio y con ello también la coalición de las autoridades con grupos delictivos. Lo cual, por ejemplo, debería reflejarse en el número de detenidos y puestas a disposición en los aeropuertos. Lo cual no es el caso.
La tercera hipótesis es que las igualas solamente fueron heredadas y poco ha cambiado el modelo de seguridad aeroportuario y carretero. En fin, habrá que pensar si la costumbre de tener igualas aún está presente en vías, tramos carreteros y áreas de seguridad estratégicas del país, considerando que, si bien militares y marinos tomaron el control de aeropuertos y carreteras, un amplio cúmulo de ellos ya formaba parte de la añeja Policía Federal.
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
@ant_amar
