En el sistema democrático mexicano las decisiones en materia de política pública que impactan múltiples aspectos de nuestra vida son tomadas por parte de los Ejecutivos a nivel municipal, estatal y federal. Mediante la democracia se busca la solución de los problemas que importan a la población. En México, la inseguridad es el tema que mayor preocupación genera en 68.2% de los encuestados, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020 del Inegi.
En este sentido, la política pública en materia de seguridad pública y la procuración de justicia dependen de la visión y la profesionalización que tienen las personas tomadoras de decisión para resolver las problemáticas del día a día, donde el problema de la inseguridad es persistente. La violencia homicida se encuentra en una tendencia al alza desde 1996. La tasa anual de homicidios dolosos en 2020 fue de 23.43 carpetas de investigación por cada cien mil habitantes.
La importancia de tener en cuenta a los tomadores de decisiones en los aspectos de seguridad pública y justicia radica en dimensionar la responsabilidad que los cargos de elección pública conllevan, ya que los representantes electos son los que finalmente deciden y definen la política pública durante su periodo administrativo. La toma de decisiones conlleva corresponsabilidad, tanto para el electo, como para quien elige.
Hemos escuchado de programas ineficientes que pretenden atender los altos niveles de violencia e inseguridad. De igual forma, es una práctica común que, a cada cambio de administración, exista un borrón y cuenta nueva en la política e instituciones, para no dar continuidad a mandatos de partidos políticos ajenos e, incluso, de diferentes principios e ideologías.
Para subsanar esLa seguridad no es tema prioritario en la agenda electoraltas deficiencias, en la democracia partidista necesitamos mayor información sobre las propuestas de nuestras candidatas y candidatos, así como conocer los diagnósticos desde los que parten dichas propuestas, y los objetivos que se plantean a corto, mediano y largo plazo (susceptibles a no sobrevivir el cambio de administración).
Sin embargo, las instituciones electorales no han diseñado mecanismos ni propuesto medios que sirvan para transparentar las plataformas políticas y, con ello, dar pie a un ejercicio de rendición de cuentas por parte de la ciudadanía electora. Una de las grandes innovaciones en años recientes ha sido la incorporación de la Ley 3 de 3; sin embargo, ésta no permite conocer las propuestas en materia de seguridad pública y procuración de justicia, sino que se centra en la identificación de posibles prácticas irregulares.
Exigir que los aspirantes a las candidaturas informen respecto de sus posturas y propuestas políticas daría a la ciudadanía la posibilidad de evaluar la viabilidad de las plataformas, y de esta forma, emitir un voto informado y dirigido a reducir los altos índices de delincuencia y desigualdad. En la democracia procedimental que existe en el país, el voto es de los pocos mecanismos que los ciudadanos tenemos para decidir (indirectamente) sobre esta toma de decisiones.
Por estas razones, el Observatorio Nacional Ciudadano articuló, por segunda vez, el proyecto Por Un México Seguro, en el que se invitó a los candidatos a transparentar sus propuestas en una plataforma de fácil acceso y consulta para la ciudadanía y población en general. Como parte de este proyecto y sin ningún costo pecuniario para los candidatos, el ONC evaluó la completitud y pertinencia de las propuestas. También generó información de importancia para la toma de decisiones, como son los escenarios de riesgo de acuerdo con la jurisdicción en cuestión. A pesar de esto, fueron pocos los candidatos que decidieron participar en esta iniciativa, pese a ser la segunda vez que se realizó.
El proyecto Por Un México Seguro permite capitalizar nuestro voto al exigir la transparencia de las propuestas y planes de trabajo que impactarán nuestra vida cotidiana durante el cargo. De igual forma, inhibe las ocurrencias y la demagogia al demostrar la preparación y visión de los candidatos que buscan la elección popular. Necesitamos profesionalizar la política en pro de la seguridad y la justicia.
@yei_lechuga
