Por: Yair Enrique Canizalez Madrigal.
Nuestro país cuenta con un amplio marco legal que contempla la importancia de encargarse de la prevención del delito, como por ejemplo el artículo 21 Constitucional y su ley reglamentaria (Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública), expresan que la prevención del delito es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y sus municipios.
El gobierno mexicano reconoce en su diagnóstico el crecimiento exponencial de la delincuencia en diferentes modalidades. En consecuencia, plantea dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsar el desarrollo alternativo mediante la creación de dependencias encargadas de la política económica y social, alternativas económicas sostenibles para evitar actividades ilícitas.
Además, contempla como estrategia específica la prevención especial de la violencia y el delito, disuadir a los autores de conductas delictivas a partir de la reincidencia, resocialización y a la reparación del daño cometido a las víctimas.
Con lo anterior es evidente qué dentro de la estrategia nacional, no se atiende a un modelo clave para prevenir el delito. No satisface las Directrices de Riad[1] las cuales sugieren categorizar las acciones a realizar para prevenir uno o más delitos en específico; e incluir objetivos para aplicar las políticas públicas de forma gradual.
Es importante mencionar que para conceptualizar la “prevención del delito”, encontramos variaciones por estar en el dominio de diferentes actores como políticos, sociales, académicos, legales, entre otros, pero en un punto de coincidencia es “… el resultado de todas las iniciativas públicas y privadas…”(Dijk, 1991) o como lo conceptualizan las Naciones Unidas: “…estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia.”
Para prevenir los delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes es importante especificar no solo el grupo vulnerable, sino también crear y aplicar una política pública que incluya una serie de acciones estratégicas que conceptualicen y especifiquen el problema, analicen y evalúen el entorno socioeconómico y político. Sin diagnósticos específicos, no se obtendrán los beneficios sociales de la prevención.
Esta tarea no es sencilla, y de acuerdo con el estudio de “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos” realizado por el ONC, se desconoce cómo y en qué medida ha evolucionado la violencia juvenil a raíz del reclutamiento y/o utilización de menores de 18 años, teniendo un papel importante la vulnerabilidad, el espacio geográfico y social que ocupan y entre otros factores de riesgo.
Por su parte, el Cuarto Informe de la Estrategia Nacional de Seguridad[2], reporta un avance en el cumplimiento de las estrategias específicas en materia de prevención del delito, donde a través de una herramienta digital como la aplicación de “Mi GuardiaN”, una guía infantil y el decálogo para la ciberseguridad, se enfocó la atención de escuelas secundarias y preparatorias, atendiendo a 38 mil 792 adolescentes, en un periodo de abril de 2022 a marzo de 2023.
Sin embargo, se requiere detallar la evaluación de la política pública, con la descripción detallada del diseño, aplicación, su desempeño y los resultados. Sin estos, es difícil saber con certeza si se está minimizando la posibilidad de que las niñas, niños y adolescentes sean víctimas de un delito o que estos los cometan.
La falta de un diagnóstico que atienda esta problemática de prevenir el delito en la niñez y adolescencia mexicana se constata con los ejemplos de vida de niñas, niños y adolescentes que lo han vivido no solo en familia, sino en ser vulnerables para ser utilizados en cometer acciones que la ley sanciona por ser delito, tal y como se explica en la investigación del ONC.[3]
Cabe referir que México cuenta con las personas e instituciones, el marco normativo e internacional para prevenir el delito en la niñez y adolescencia. Sin embargo, sería necesario invertir más recursos y esfuerzos ya que los beneficios sociales de estas políticas son intergeneracionales, es decir, no solo impactan a la generación actual de niñas, niños y adolescentes sino que pueden repercutir en las generaciones futuras.
Es importante considerar que la prevención es lo que debe prevalecer para disminuir las cargas de trabajo en el sistema de procuración e impartición de justicia, y es un factor indispensable para un Estado de Derecho donde el goce de derechos sea una realidad.
Investigador jurídico del Observatorio Nacional Ciudadano.
@CanizalezYair
[3] https://onc.org.mx/public/rednacionaldeobservatorios/public/onc_site/uploads/doc-reclutamiento.pdf
