Por: Mario Maya
Existe una relación directa entre la emergencia sanitaria por COVID-19, la crisis económica que implicó la pérdida de empleos y los cambios en la dinámica delictiva. Sin embargo, hay un elemento más que influye en este panorama y del cual dependen decisiones importantes: la política.
El juego político de la democracia que implican elecciones recurrentes conlleva el fin de periodos de gobierno y el inicio de otros; así como la continuidad en las estrategias implementadas o la posibilidad de hacer un cambio. En este contexto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se encuentra en un punto decisivo para definir -continuar o cambiar- la política de seguridad pública.
El pasado 27 de octubre, el Senado de la República anunció que Alfonso Durazo Montaño, presentó formalmente su renuncia como titular de la SSPC para participar como candidato de Morena a la gubernatura de Sonora.
En casi dos años, las políticas en materia de seguridad pública se ha quedado en un discurso retórico que no ha logrado definir estrategias ni acciones capaces de prevenir y enfrentar riesgos y amenazas y que, lejos de reconocer errores, se ha justificado a partir de argumentos basados en “otros datos” que contradicen las cifras oficiales. Es necesario un cambio y el contexto político abre una posibilidad.
A unos días de que Alfonso Durazo deje su cargo, el ejecutivo aseguró que será muy cuidadoso para buscar su reemplazo y que el perfil ideal debe ser el de “una gente honesta, limpia e íntegra, que nos garantice lo que se ha logrado con Durazo, una muy buena coordinación del gabinete de seguridad”
¿Podemos considerar la “muy buena coordinación” como un logro? Los registros y las cifras oficiales hablan. La política de seguridad pública no ha tenido los resultados esperados.
Con base en los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desde diciembre de 2018 y hasta septiembre de 2020 se han registrado 67 mil 368 víctimas por homicidio doloso (65,580 víctimas) y feminicidio (1,788 víctimas), que representa un incremento de 10.92% en comparación con el mismo periodo de los dos años anteriores (diciembre 2016-septiembre 2018)1.
No hay un proyecto estratégico de seguridad pública, incluso hay un retroceso: un gasto mínimo en la materia que implica el debilitamiento de las instituciones por las necesidades en cuanto equipamiento y falta de profesionalización. Incluso la Guardia Nacional (GN), que ha sido la institución emblemática de la actual administración -que en teoría está bajo supervisión de la SSCP, pero que en la práctica está bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)- ha sido señalada por violaciones de derechos humanos y por corrupción.
No se puede seguir negando lo evidente. No se puede continuar bajo la misma línea sin reconocer errores.
La política y las aspiraciones personales abren la posibilidad de cambiar la estrategia en seguridad pública. No basta con tener una persona íntegra y honesta en un cargo público. Se necesita experiencia y profesionalismo para tomar decisiones valientes, inteligentes y eficaces que eviten otros culiacanazos y que provoquen el cuestionamiento sobre quién gobierna nuestro país.
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
@MarioMayaol
1 59,120 víctimas (57,647 víctimas por homicidio doloso y 1,473 víctimas por feminicidio)
