La política de drogas a juicio por crímenes de Estado

En las últimas semanas han trascendido los detalles del juicio que se sigue en Estados Unidos contra el ex secretario de seguridad pública Genaro García Luna. En él, han declarado personas que formaban parte de grupos del crimen organizado y que confirman públicamente las historias recopiladas en documentos periodísticos, acerca de nexos del exfuncionario con grandes líderes criminales.

Tanto los medios de comunicación como la clase política han destacado el costo político que estos hechos tendrían para la oposición al presente gobierno, sobre todo aquellos que durante los últimos 18 años apoyaron la estrategia de la guerra contra el narcotráfico. El ojo público está puesto, así, en los expresidentes que arroparon al exsecretario de seguridad y en el tráfico de influencias que estos testimonios acusan en sus gobiernos.

No obstante, ha sido poco lo que se ha hablado acerca de la política de drogas asumida por los gobiernos hasta la actualidad y que en gran parte estuvo dirigida por el exfuncionario en cuestión. Se debe recordar que la estrategia de guerra iniciada a partir del año 2000, e intensificada en el sexenio que comenzó en el 2006 trajo consigo una ola de asesinatos, desapariciones y violaciones sistemáticas a derechos humanos.

En ese sentido, es válido arrojar un par de preguntas: ¿Qué tan legítima, funcional y conveniente resulta contar con una política de drogas que permite que funcionarios de este tipo se enriquezcan ilícitamente?; ¿los actos de los que se acusa el exsecretario de seguridad pública son resultado solamente del actuar ilícito de una persona o grupo de personas o son consecuencia inherente de esta política de guerra y prohibicionismo relacionada con el tráfico y consumo de drogas?

Lo que se sabe hasta ahora es que la llamada guerra contra el narcotráfico trajo graves consecuencias para el país. Organizaciones civiles han documentado que la intensidad con la que se despliega violencia que se experimentan en México permiten observar la existencia de un conflicto armado no internacional similar al que se observa en países en guerra civil o en conflictos armados internos de larga duración como el caso de Colombia (CMDPDH, 2017).

La nota característica de esta situación la da la presencia de fuerzas armadas entrenadas para el combate regular, realizando tareas de seguridad pública. Esto ha provocado una ola sistemática de violaciones a derechos humanos que se caracteriza por una errónea interpretación de lo que significa hacer justicia y en la cual el centro es la neutralización del enemigo encarnado en los grupos criminales, sin observar a las víctimas de la violencia, tanto la que ejerce el crimen organizado como la que ejerce el Estado mismo.

Aunado a ello, a esta fecha no se cuenta con una política de combate al consumo problemático de sustancias que genere resultados comprobables. Por el contrario, se ha optado por una tendiente a la criminalización del consumo y son inexistentes iniciativas públicas serias y basadas en ciencia, lo que ha dado pie a la proliferación de centros de tratamiento de adicciones privados que, además de emplear métodos poco o nada científicos, resultan ser violatorios de derechos humanos (ReverdeSer, 2022).

En resumen, una política de drogas basada en la fuerza represiva del Estado no ha tenido más resultados que daños a la sociedad. Mientras los soldados y las armas inundan las calles de nuestro país, la justicia no llega para las víctimas de la violencia y en el futuro no se vislumbra una alternativa real.

Por el contrario, el actual proyecto de seguridad se ha observado confuso entre una supuesta intención por pacificar al país, pero sin impulsar un gran proceso de justicia y reconciliación como la situación lo requiere. En ese sentido, la política denominada de “abrazos, no balazos” parece ahora darse vuelta sobre sí misma y dirigirse de nuevo a una guerra sin fin (ONC, 2023).

Es entonces urgente abandonar esta lógica de guerra que además de cobrar miles de vidas ha permitido que la línea entre las fuerzas del orden y los grupos criminales se haga difusa. El mantenimiento de una política de drogas basada en el punitivismo y la confrontación armada está condenada a repetir los grandes errores del pasado justo y como se observa hoy en el juicio que se desarrolla en Nueva York.