Luis Jorge de la Peña Rodríguez
El pasado 12 de noviembre, gracias a la lente de diversos fotoperiodistas, fuimos testigos de una escena que emulaba las obras pictóricas barrocas del renacimiento. En el marco de la elección de la próxima presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), legisladoras y legisladores de las diferentes bancadas parlamentarias se enfrascaron en una gresca en la que se dieron agresiones físicas y verbales.
Otra imagen, lo que sucede enfrente de la tribuna nos muestra a otro grupo de senadores y senadoras reír y aplaudir mientras presencian, con expresión triunfalista, lo que ocurre en la sede de la mesa directiva. Una tercera estampa nos muestra a una Rosario Piedra Ibarra rindiendo protesta como Ombudsperson en medio de la confusión.
¿Qué representa este suceso en el México de hoy? ¿Qué simboliza la toma violenta del máximo recinto legislativo en el contexto de un país azorado por una la guerra interna que parece no tener fin? ¿Qué implicaciones tiene para los derechos humanos la elección de una comisionada nacional de los derechos humanos en medio de un proceso poco transparente? ¿Qué es lo que expresa para el futuro del país que un evento que debía ser un festejo de la paz se convirtiera en una batalla campal?
Las respuestas a estas interrogantes son diversas y complejas en sí mismas. No obstante, es claro que, en el contexto de un país profundamente violentado eventos como el anteriormente aludido evidencian que en dicha agresión participan las instituciones del Estado, no solo por ser permisivas de la misma, si no por ser, de una forma u otra, sus protagonistas.
En ese sentido, desde el Observatorio Nacional Ciudadano , hemos reiteradamente denunciado el incremento exponencial en la incidencia de delitos de alto impacto en el contexto nacional. Con ello hemos demostrado que la estrategia de guerra frontal ante el crimen organizado solo ha multiplicado los actos violentos en el país y por lo tanto pareciera que existe una estrategia fallida.
Con esta problemática coexiste la presencia de delitos relacionados con graves violaciones a derechos humanos. Al respecto, debe reconocerse que dichas conductas delictivas son protagonizadas principalmente por agentes del Estado, o aún cuando en la actualidad son cometidas por particulares, como el caso de la desaparición, tienen un origen estatal como práctica represiva con intereses políticos. De igual manera la acción del Estado para atender esta problemática ha sido decepcionante, sin ofrecer resultados claros.
En ese sentido, es importante reconocer que en ambas realidades existe un denominador común: la falta de acceso a la justicia. La incidencia delictiva en el país no puede entenderse sin contemplar los niveles de impunidad que el sistema de justicia permite y, a su vez, esta problemática no debería observarse si no como una grave transgresión a los derechos humanos de las víctimas. En este sentido, las y los legisladores, así como la clase política en general, olvidan que la crisis de derechos humanos y la de seguridad se presentan casi siempre de la mano.
Hoy en día es una realidad que los organismos públicos “autónomos” defensores de derechos humanos han ido perdiendo su esencia. A nivel nacional se encuentran en una grave crisis expresada un su debilidad institucional como organismos independientes del Estado y por lo tanto carecen de legitimidad que les da fuerza.
En este sentido, la opacidad con la que se desarrolló el proceso de elección de la Ombudsperson nacional y las versiones que señalan su militancia en el partido del gobierno, ponen en duda la independencia de la próxima gestión y hacen encender las alarmas respecto al mantenimiento de la autonomía de la CNDH , misma que había sido cuestionada anteriormente. La muestra está en la renuncia de más de la mitad del consejo consultivo de esta institución, quienes gozan de amplia trayectoria institucional y en la sociedad civil.
Asimismo, esta situación pone de manifiesto e incrementa la idea de la poca trascendencia que para las y los gobernantes tienen los derechos humanos de las y los ciudadanos. Además, hace tácita la violencia que permea al Estado Mexicano y que se traduce en el comportamiento de las y los servidores públicos.
Ante este oscuro panorama, resulta más necesaria que nunca la participación de la sociedad civil. La vigilancia ciudadana sobre las instituciones estatales es fundamental para el aseguramiento de su correcto funcionamiento. El posible rescate de una institución tan importante como la CNDH ya no puede ni debe quedar en manos de los partidos políticos, por el contrario, debe ser la postura crítica y proactiva de la sociedad la que defina el rumbo en busca de un efectivo estado de derechos.
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
@LuisJorgeDeLap1
