La sociedad mexicana se entera diariamente de los hechos de violencia homicida que ocurren en el país, ocasionalmente se sabe de algún detenido, pero casi nunca nos enteramos de alguna sentencia condenatoria. Así es: en el marcador del homicidio, la impunidad casi siempre gana los partidos, mientras que las instituciones de procuración de justicia se van derrotadas.
Desde el año 2018, el número de homicidios que se cometen en México se encuentran en techo histórico con un promedio que ronda los 30 mil casos anuales. Al mismo tiempo, según algunas estimaciones (Lecuona & Jiménez, 2019), solamente en uno de cada 10 casos se logra castigar a quien comete homicidio.
Estos niveles de impunidad se encuentran vinculados con la persistencia de prácticas ineficientes durante la investigación. Es común que, una vez ocurrido un homicidio en México, los servicios periciales, los policías de investigación y el Ministerio Público trabajen de manera desorganizada, sin comunicación y en cambio, se dediquen a construir abultados expedientes con información inútil para esclarecer los hechos.
Ante este panorama nacional, en la Ciudad de México está ocurriendo un cambio que no puede pasar desapercibido y que consiste en la creación y operación de células operativas, denominadas Unidades Criminalísticas de Proximidad (UCP). Estas Unidades son resultado de un esfuerzo de colaboración técnica emprendido por la entonces Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía) de la Ciudad de México, la Agregaduría de Seguridad Interior de la Embajada de Francia en México y el acompañamiento permanente del Observatorio Nacional Ciudadano.
El objetivo central de las Unidades Criminalísticas de Proximidad es lograr la articulación efectiva entre el personal pericial, policías de investigación y el Ministerio Público, simplificar la carpeta de investigación y romper cuellos de botella. El esquema es simple, pero efectivo: ese personal trabaja en espacios compartidos y se integra a la investigación de cada caso como parte de un mismo equipo de trabajo.
Se espera que cada UCP se haga responsable de la investigación de un caso, desde los primeros minutos en que ocurre el homicidio, hasta su presentación en los tribunales. De esa manera, un mismo equipo se encarga de construir el caso a lo largo del tiempo y, en su momento, tendrá que dar cuenta de su trabajo durante el juicio.
No sin algunas dificultades y peripecias, se ha impulsado a los policías de investigación para que desarrollen destrezas para indagar adecuadamente los hechos, y para apoyarse en tiempo real con las opiniones técnicas que los peritos les proporcionan, y todos ellos actúan bajo la supervisión permanente del agente del Ministerio Público.
En octubre de 2019 inició operaciones la primera Unidad Criminalística de Proximidad en la alcaldía Iztapalapa, y en marzo de 2020 se instaló una más, en Gustavo A. Madero. Actualmente, hay otras tres UCP en proceso de transición para adoptar plenamente este modelo con la intención de abarcar, gradualmente todo el territorio de la capital del país.
El desafío de reducir la impunidad del homicidio es enorme y los resultados a largo plazo dependen de la perseverancia de la Fiscalía capitalina para seguir apostando por este modelo de investigación. Es necesario reconocer que la institución no se ha excusado en sus limitados recursos presupuestales, ni en la severidad de la emergencia sanitaria del COVID-19 para sostener el funcionamiento y consolidación de las Unidades Criminalísticas de Proximidad.
Desde las etapas más tempranas de este proceso de cambio, el Observatorio Nacional Ciudadano ha acompañado el diseño e implementación de las UCP, mediante un trabajo continuado de observación y asistencia técnica. La memoria de este esfuerzo conjunto podrá consultarse en el Reporte Ciudadano que daremos a conocer este martes 9 de febrero, y cuyo contenido brinda testimonio que es posible comenzar a desafiar a la impunidad.
El reporte completo lo puedes descargar en: https://onc.org.mx/publicaciones
