Por Gerardo Bonilla
Uno de los pocos delitos que la actual administración federal ha reconocido que va en aumento es la extorsión. Sin considerar la complejidad de este fenómeno delictivo la respuesta institucional se ha centrado en la extorsión telefónica y en el cobro de piso. La reacción genérica a este y otros problemas de inseguridad ha sido el despliegue de elementos de la Guardia Nacional. Ninguna de estas medidas ha funcionado.
Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se ha emprendido una campaña para alertar al ciudadano sobre las medidas preventivas para no volverse víctimas de amenazas o engaños por medio de llamadas telefónicas. Esta información resulta útil y su difusión es totalmente necesaria. En la misma lógica de la campaña “escucha, cuelga y llama” del gobierno federal en 2011, se le recomienda ahora a la población “denunciar este delito a través del número 088 de Guardia Nacional, en la cuenta de Twitter del Centro Nacional de Atención Ciudadana @CNAC_GN” (SSPC, 2019).
Ahora bien, ¿de qué manera atiende la Guardia Nacional estas denuncias? Por lo que se sabe, con información pública, este sistema de denuncia es francamente ineficiente. De acuerdo con datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (INEGI, 2022) en 2021 la Guardia Nacional recibió 244,701 llamadas al sistema 088 de la cuáles el 94% resultaron procedentes, es decir, “implicaron un proceso de atención” (lo que sea que eso signifique). Solamente el 12.8% de estas llamadas fueron para denunciar hechos relacionados con alguna forma de extorsión: 163 fueron por “derecho de piso”, 1,977 por extorsión telefónica consumada y 29,074 por tentativa de extorsión telefónica.
Son pocas llamadas comparadas con los más de 2 millones de delitos que se cometen en un año (ENVIPE, 2022). Sin embargo, son un indicio de cierta confianza en la Guardia Nacional y, sobre todo, de reconocimiento del 088 como canal de denuncia. No obstante, los datos indican que los resultados son prácticamente nulos. La Dirección General Científica de la Guardia Nacional en 2021 apenas realizó 14 “ciberpatrullajes y ciberinvestigaciones” por el delito de extorsión y atendió 980 reportes por “incidentes cibernéticos” relacionados con este delito. El saldo de atender llamadas e investigar delitos fue de 3 personas puestas a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de extorsión.
La extorsión es un problema nacional, pero también al interior de la propia Guardia Nacional. Han sido varios los escándalos mediáticos por videos en los que miembros de la corporación son grabados extorsionando a automovilistas en carreteras, aeropuertos o vialidades urbanas. Aunque estas cifras no forman parte del acervo estadístico del INEGI, algunos medios de comunicación han logrado obtener datos por medio de solicitudes de información. Desde su creación, hasta mayo de 2022, la Unidad de Asuntos Internos ha iniciado 988 indagatorias contra integrantes de la Guardia Nacional por presuntos delitos. Al menos se han abierto 495 expedientes por extorsión, la mayor parte en contra del personal de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones (Vega, 2022).
En suma, la Guardia Nacional investiga por extorsión a más gente dentro de su organización que fuera de ésta. ¿Qué tan confiable puede ser una corporación de seguridad pública con estas características? Muy poco, lo cierto es que no podemos dar por sentadas las capacidades institucionales de una institución que no ha dado resultados y que cada vez tiene más responsabilidades.
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
