Los tablazos, incendios, homicidios y desapariciones como represalias por no haber pagado las cuotas solicitadas representan los golpes de realidad que han silenciado a miles de víctimas en el país, al grado que parece que dichos ejercicios de violencia solo existen en nuestra imaginación.
Esta es la impresión que queda en el aire luego de analizar las líneas de acción que han sido implementadas en materia de extorsión, pues pareciera que solo existen aquellas cometidas por medios telefónicas y, en segundo plano, aquellas perpetradas por medios cibernéticos.
Esta es la impresión que queda cuando escuchamos la narrativa oficial mediante la cual se evita hablar sobre todas aquellas extorsiones que se dan cara a cara, paralizando de miedo a las víctimas, forzándolas al abandono de sus casas y negocios o bien a pagar para tener la garantía (o el deseo) de seguir vivos.
La justificación detrás del discurso de las autoridades es que las denuncias recibidas no reflejan que haya una incidencia significativa de este tipo de extorsiones. Incluso, han afirmado que son “inventos” o “chismes”. Este tipo de aseveraciones ignoran las razones detrás del silencio de las víctimas simplificándolo como una falta de valor civil. Para las autoridades resulta muy cómodo ignorar esas extorsiones sin apellido coloquialmente llamadas como cuotas, tandas, regalos, rentas, piso, pachangsa, chiva, gata, entre muchas más.
Ante esto surgen las dudas: ¿qué se puede hacer para contrarrestar esta tendencia?, ¿qué se puede hacer para no abandonar a las víctimas pues ello sería abandonarnos a nosotros mismos como sociedad? Si bien no hay una respuesta clara ni sencilla, algo que se perfila es que para derrotar ese silencio y abandono hay dos actores clave: los investigadores tanto de la academia como de las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas.
Con ello en mente, en el Foro nacional sobre extorsión, perspectivas jurídicas y de política pública llevado a cabo por el Observatorio Nacional Ciudadano y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; se invitó a diversos especialistas que se han dado a la tarea de investigar este fenómeno. Se buscaba que no solo trataran de pintar de cuerpo entero sus hallazgos sobre este delito en México y en América Latina, sino para que mencionaran las limitaciones y obstáculos que han tenido que enfrentar para nombrar y dibujar este tipo de extorsión que se escapa de las estadísticas oficiales.
Como era de esperarse uno de los retos que enfrentaron tiene que ver con la disponibilidad de la información. Algunos de los especialistas referían el uso de encuestas de victimización, de entrevistas a víctimas y de notas informativas de medios de comunicación. Esto último es fundamental destacarlo dado que pone sobre la mesa el papel crucial del periodismo para visibilizar este fenómeno delictivo y para darle capacidad de agencia a quienes han vivido en su propia piel las extorsiones.
Quizás podría considerarse que esto representa algo menor, pero no es así dado que en las manos de reporteros y periodistas recae la posibilidad de nombrar todas aquellas extorsiones que afectan a pescadores, a taxistas, a hombres camión, a tianguistas, a despachadoras de gasolinerías, a agricultores, a ganaderos. Recae la posibilidad de mostrar que aquellas extorsiones de las que no hablan las autoridades, sí existen.
En este sentido, resulta sumamente valiosa una de las propuestas del periodista Héctor Jiménez Landín en el foro, la cual versa en torno a que las extorsiones se conviertan en un tema constante de cobertura en las órdenes de trabajo de reporteros. Esto permitiría exigir la rendición de cuentas correspondientes a las autoridades de seguridad y procuración de justicia, a la par que posibilitaría un ejercicio de memoria en torno a una conducta pluriofensiva que ha sido minimizada en demasía desde unos cuantos escritorios de instituciones públicas.
@Dorsvel
