Jorge Monterrubio Salazar
El COVID-19 ha ocasionado en México y el mundo una crisis sanitaria que no se había visto en mucho tiempo. Debido a esto, los países se han visto obligados a promover medidas de confinamiento para intentar frenar la velocidad de propagación del virus. No obstante, estas medidas han provocado el inicio de una crisis económica mundial en la cual uno de sus principales efectos ha sido la pérdida masiva de empleos y que como efecto secundario podría incentivar en México el repunte de la incidencia delictiva.
En materia de empleo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que desde marzo hasta mayo se perdieron un total de 1 millón 30 mil 366 empleos formales y se espera que se pierdan aún más. El Banco de México prevé que este año se pierdan hasta 1.4 millones de empleos cuando antes de la pandemia se anticipaba una creación de hasta 540 mil. Esto sin tomar en cuenta la pérdida de empleos informales, el cual representa aproximadamente el 56.3% del total de la población ocupada.
Al tanta gente perder su ingreso se desemboca una reacción en cadena en la cual al caerse el consumo, las empresas tienen una caída en su ingreso y estas deben seguir despidiendo empleados para intentar así reducir sus costos. No obstante, el verdadero problema radica en la persona que pierde su ingreso. ¿De qué va a vivir? ¿De dónde podrá sustentar a su familia?
Debido a esta caída en el empleo se puede esperar que muchas personas de clase media o media baja estén en riesgo de caer en su posición socioeconómica. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estimó que tras la crisis sanitaria podría haber desde 8.9 hasta 9.8 millones de pobres nuevos por ingreso, lo que significa que son personas a las cuales no les alcanzaría para adquirir una canasta alimentaria, bienes y servicios básicos.
Cierto es que no contar con recursos económicos suficientes no te vuelve un delincuente, sin embargo, carecer de productos y servicios que son esenciales para la subsistencia son el incentivo perfecto para que la población afectada caiga más fácilmente en actos de delincuencia. La falta de oportunidades con la que hemos padecido siempre, sumado a un aumento de la pobreza podría ser la combinación perfecta para propiciar un aumento en la incidencia delictiva.
Si bien con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las tendencias de ciertos delitos fueron a la baja como parte de las medidas de confinamiento, la falta de insumos básicos para vivir podría cambiar para presentar incrementos importantes sobre todo en delitos como la extorsión.
Por otra parte, a pesar de que el gobierno ha implementado distintas medidas para contrarrestar el impacto económico, aún está por verse que tanto podrá mermar los nuevos indicadores de pobreza. Aún con la ampliación de los programas sociales para poder proveer de cierto ingreso a los más desprotegidos, deberá llegar el momento en el que los afectados puedan poco a poco reincorporarse al mercado laboral.
Si esto tardara mucho, existe la posibilidad de que ante la escasez de recursos la población busque actividades alternativas para conseguir un ingreso y comenzarán por aquellas que no les involucre un riesgo tan grande. Sin embargo, si se prolonga la crisis y las medidas implementadas no logran propiciar una recuperación significativa de los empleos para el próximo año, cada vez será más probable que la gente que sufra por la falta de lo más básico se involucre en las actividades delictivas. Poco a poco el riego de participar en estas actividades no importará y estará primero la necesidad de conseguir el dinero suficiente para la manutención básica.
Ante este escenario, el COVID-19 puede no solamente haber provocado una crisis sanitaria o económica, de no aplicarse las medidas pertinentes para contrarrestar un aumento desmesurado en la pobreza, una tercera crisis podría estar tocando la puerta, los delitos podrían repuntar y en su conjunto complicar aún más la situación actual. La crisis sanitaria, económica y de inseguridad en su conjunto generarían una crisis tripartita que únicamente podremos contrarrestar si tanto sociedad como gobierno implementamos las medidas preventivas adecuadas.
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
@Jorgemonsa7
