México sufre una crisis de violencia incomparable, lo que ha dejado ver la incompetencia por parte del Estado en su gobernabilidad, teniendo como resultado un impacto en la sociedad, en la economía en la política debido a la falla del sistema de seguridad pública o ciudadana e inclusive ya estamos en una falla del sistema de seguridad interior en el país.

El Observatorio Nacional Ciudadano a través de sus investigaciones realizadas ha advertido que esta crisis de violencia en acciones y omisiones clasificadas como delitos, han evolucionado y se debe, en parte a una estrategia deficiente de capacitación, de organización y de estructura para focalizar y atender el fenómeno delictivo; y que si no es atendida de manera “urgente” pone en riesgo el equilibrio social y de seguridad del país.

Es incomprensible observar esta renuencia por parte de los gobiernos locales y federal en llevar a cabo un estudio, una investigación que permita dar una evaluación puntual, y consentir crear una verdadera estrategia que haga frente a los fenómenos delictivos que se han generado y acrecentado en nuestro país.

La crisis en materia de seguridad en la que vive México se conforma de cuatro componentes como lo establece la antropóloga, psicoanalista e investigadora Elena Azaola Garrido:

a) La existencia de grupos delictivos con la capacidad para representar una amenaza para el Estado.

b) La fragilidad o la incompetencia de las instituciones del Estado para contenerlos.

c) La descomposición social que se manifiesta en el creciente número de personas capaces de cometer delitos violentos.

d) La falta de controles eficaces frente a los abusos y la violación de derechos por parte de las instituciones del Estado.

Estos componentes son los principales factores que permiten estar viviendo la crisis de inseguridad más grande en la historia de México, y que como resultado tenemos el aumento de índices de violencia, de impunidad, de descomposición social que vivimos, siendo testigos de lo que vive nuestro país en delitos graves como el secuestro, extorsión, desaparición forzada de personas, homicidios, feminicidios, delincuencia organizada, entre otros más que a diario se escuchan y se leen a través de los medios de comunicación.

Estamos en el nivel más alto de violencia para cometer homicidios y feminicidios, donde la política de seguridad ha sido por más de una década privilegiar el despliegue de las fuerzas armadas como control del incremento de la incidencia delictiva del país, ¿y qué avance se ha obtenido en reducir la incidencia delictiva de México?

La respuesta es la vivencia de miles de víctimas y de ofendidos por el incremento de la violencia, de la comisión de delitos y la impunidad que viven.

Sin ser específicos en hechos delictivos, a nivel nacional tenemos miles de ejemplos del incremento de incidencia delictiva y que es imperante ya por parte de la sociedad, exigir al Estado y a sus instituciones públicas, que escuchen y se sienten a trabajar con instituciones privadas y organizaciones civiles para la creación de políticas públicas eficaces que reduzcan estos fenómenos delictivos que han generado inseguridad, impunidad y una descomposición social en México.

No es momento de continuar con una fracasada política de seguridad basada en la idea de que las fuerzas armadas obtendrán el control para reducir el incremento de incidencia delictiva, se requiere prevención, procuración e impartición de justicia del Estado.

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Subdirector jurídico del Observatorio Nacional Ciudadano
@CanizalezYair

 

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