Luis Jorge de la Peña Rodríguez
El avance global de la pandemia del COVID-19 ha puesto en jaque las capacidades de los Estados para el manejo adecuado de la crisis sanitaria. En ese sentido, se debe recordar que es obligación del Estado garantizar el derecho a la salud en todas sus dimensiones, incluyendo su accesibilidad a la información sobre el tratamiento y prevención de enfermedades.
De esta manera, es justo reconocer que los temas relacionados con la epidemiología, no siempre son fáciles de entender. En el caso del virus SARS-Cov-2 esta labor implica mayores complejidades debido a características como su asintomatología y su alta tasa de transmisibilidad. Estos factores generan incertidumbre y favorecen la proliferación de información falsa o poco precisa.
En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado las Normas de Comunicación de Brotes Epidémicos. En estas se reconoce que la información disponible para la ciudadanía es un elemento crucial en los brotes pandémicos y que en los casos más desafortunados ha abonado al retraso del control epidémico y ha prolongado la confusión natural de índole económico, social y político. Para este organismo, la denominada Comunicación de Riesgos implica el intercambio de información con el objeto de tomar las mejores decisiones.
La Comunicación de Riesgos en este contexto requiere de la implementación de estrategias suficientes para poder transmitir de manera clara las complejidades técnicas que se ven involucradas en las situaciones de carácter epidemiológico. Para ello es necesaria la corresponsabilidad de los diversos sectores de la sociedad, es decir, la participación de los actores privados y públicos que de manera natural intervienen en una crisis sanitaria.
Desafortunadamente, en el caso de México la difusión de la información respecto al manejo de la pandemia ha generado confusión y miedo entre la sociedad. Diversos actores sociales han puesto bajo la lupa el papel de los medios de comunicación señalando que el enfoque que ha privado es la generación de controversia en torno las cifras en lugar de contenido más eficaz para la acción social .
Esta crítica ha hecho hincapié en la existencia de un débil periodismo científico en México y un prevaleciente periodismo político que se ha centrado en la controversia entre el Gobierno y la oposición; abonado muy poco a la Comunicación de Riesgos en pro de la reducción de los impactos de la enfermedad.
Por otra parte, la actual administración federal, ha abonado en gran medida a la desconfianza de la ciudadanía acerca del correcto manejo de la crisis al emitir mensajes contradictorios o poco claros. Un ejemplo de ello es la ausencia de un discurso unificado en torno al COVID-19, una parte del mismo ha privilegiado el contenido técnico, un tanto lejano de la población en general, mientras que otra se ha caracterizado por emitir mensajes ambiguos para el lenguaje ciudadano, contraponiendose con la información técnica proporcionada.
Otro elemento que ha obstaculizado la Comunicación de Riesgo, han sido las contradicciones que se han hecho evidentes entre las medidas propuestas por la autoridad sanitaria, y las acciones del titular del ejecutivo federal. La actitud despreocupada por parte del gabinete presidencial ha enviado señales poco congruentes a la ciudadanía, en relación con las recomendaciones fundamentales en el ámbito epidemiológico ante este contexto.
Entre las consecuencias más atroces de las debilidades en la Comunicación de Riesgos en México, han sido las reiteradas agresiones al personal sanitario. La falta de una comunicación acertiva ha provocado la difusión de rumores mediante los cuales se propagan estereotipos, prejuicios y estigmas sobre el pesonal sanitario y su labor, traduciendose en áctos de discriminación .
Es innegable que la participación ciudadana es fundamental y en adelante representará el factor clave para generar una convivencia funcional con el COVID-19. Por ello, el llamado a la nueva normalidad debe asumirse como un tema de salud pública en el que se privilegie el derecho a la salud de las personas por sobre cualquier consideración política o mediática.
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
@LuisJorgeDeLap1
