México enfrenta un grave problema en seguridad y para resolverlo se necesitan acciones inteligentes más allá de discursos retóricos.
Los objetivos, las estrategias y las acciones que un gobierno define para atender temas específicos se plasman en sus programas. Estos deben ser resultado de una investigación y un estudio que construya un diagnóstico preciso que ayude a comprender el estado de los problemas para atenderlos de manera eficiente. Sin embargo, muchos de los programas del actual gobierno parecen ser un listado de ideas desvinculadas que son resultado sólo de la buena voluntad y que no cuentan con cimientos que los soporten.
El pasado 2 de julio se publicó el “Programa Sectorial de Seguridad Pública y Protección Ciudadana 2020-2024” el cual se divide en cinco objetivos: 1) Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional para construir la paz; 2) Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia de prevención de la violencia y el delito; 3) Impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios; 4) Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información en la generación de inteligencia, prevención y persecución del delito; y 5) Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país sostenible, seguro y resiliente.
Entre las acciones que menciona este programa, se encuentra la prioridad para atender el deterioro de las condiciones de seguridad en el territorio nacional derivado del “insuficiente desarrollo policial; los limitados mecanismos de coordinación entre las instancias policiales de los tres órdenes de gobierno y la insuficiencia en la provisión y regulación de los servicios que auxilian en las funciones de seguridad pública”[1].
El diagnóstico es atinado, los efectos son evidentes y se pueden observar en el grave incremento de la incidencia delictiva, el aumento de los delitos que no se denuncian (93.2%), la falta de confianza en las instituciones de seguridad y procuración de justicia (61.4) y el aumento en la demanda de los servicios de seguridad privada (ENVIPE 2019).
Por ello y para atender esta situación, este programa sectorial define tres acciones: fortalecer y articular a las policías municipales y estatales con la Guardia Nacional a través del Nuevo Modelo Nacional y Justicia Cívica; fortalecer los mecanismos de control interno para combatir la corrupción; y aportar mejores prácticas de prevención del delito, profesionalismo en el personal responsable de seguridad pública, coordinación entre autoridades, intercambio de información y mecanismos de control para erradicar la corrupción.
Tres buenas propuestas que son necesarias y urgentes para atender los problemas relacionados con la seguridad pública que hicieron a 2019 el año más violento de la historia contemporánea de México, pero ¿cómo lo van a lograr sin dinero?
Por mencionar un ejemplo, según el Presupuesto de Egresos de la Federación en 2018 se asignaron 5 mil mdp para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), 4 mil nueve mdp para 2019 y para este año se aprobaron 4 mil mdp. Un presupuesto que se reduce cada vez más.
Respecto al gasto destinado a la seguridad pública, los países miembros de la OCDE gastan, en promedio, 1.7% de su PIB mientras que en los países de América Latina el gasto promedio es 1.5%. En cambio, México en 2019 tuvo un recorte al gasto en seguridad pública del 14.3% respecto al presupuesto ejercido en 2018 lo que representó un gasto del 0.96% del PIB destinado a seguridad pública y que para 2020 este porcentaje disminuyó a 0.8%.[2]
México tiene estrategias de seguridad bien intencionadas pero sin sustento económico y este programa sectorial es un claro ejemplo de ello. Por un lado se planea fortalecer y articular a las policías municipales y estatales con la Guardia Nacional, y por el otro se disminuye el presupuesto de FORTASEG que justo su importancia radica en fortalecer las capacidades de las policías municipales. Una cuerda que se jala para lados contrarios cuando se pretende llegar a un mismo punto.
Acabamos de vivir el año más violento del país, el mapa delictivo está cambiando y las estrategias para combatirlo, plasmadas en los programas de gobierno, parecen ser producto de la improvisación. El diagnóstico es preciso, tenemos una crisis de violencia y para resolverlo se necesita fortalecer las instituciones de seguridad.
Es urgente atender las causas estructurales de la violencia y para ello es fundamental destinar los recursos necesarios a la seguridad pública con más personal, pero sobre todo, con mayor equipamiento y con mejor preparación.
Las crisis no se resuelven con buena voluntad. Programas de gobierno sin recursos carecen de cualquier rigor conceptual y sólo se quedan en retórica política que atienden metas irreales, que llevan a cabo acciones irresponsables y que tienen meras intenciones propagandísticas que no solucionan los problemas.
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
@MarioMayaol
[1] Programa Sectorial de Seguridad Pública y Protección Ciudadana 2020-2024
[2] ONC, CIEP. 2019. “Gasto público en seguridad. Una mirada a la ruta de los recursos”. México. Recuperado de: https://onc.org.mx/uploads/ReporteSeguridad_CIEP_ONC_VF.pdf
