Al hablar de salud mental en el sistema de justicia penal, es probable que la primera idea que se discuta es la que se relaciona directamente con las víctimas y las personas imputadas en un proceso. Ya sea por la importancia que el tema tiene para la determinación de las sanciones y la reparación del daño ocasionado, o por el estigma social que se tiene alrededor del mismo. Sin embargo, uno de los aspectos que tienden a ignorarse es el que se relaciona con el bienestar emocional de las personas que operan dentro de las instituciones de justicia.
La Organización Mundial de la Salud define a la salud mental como el “estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad”. En este sentido, se le debe de considerar como un aspecto fundamental para el bienestar individual y como un mecanismo para garantizar el funcionamiento eficaz de la comunidad.
Así como sucede con la salud física, existen factores internos y externos que pueden afectar de manera directa a la salud mental de las personas. Para el caso de las personas operadoras de las instituciones de justicia, y dada la naturaleza de los asuntos tratados en la materia penal, existe un mayor riesgo de padecer afectaciones en su esfera psíquica, como el síndrome del burnout o mediante la generación de espacios laborales hostiles.
La falta de atención al bienestar emocional de las personas operadoras del sistema de justicia se traduce en un problema de doble naturaleza. Por un lado, a nivel institucional, se afecta la calidad del servicio brindado y, en consecuencia, el respeto a los derechos humanos de las personas usuarias. Por otra parte, en el aspecto individual, se impide que las autoridades satisfagan las necesidades básicas y menoscaban su derecho a la salud.
A pesar de que se han realizado esfuerzos para visibilizar esta problemática al interior de las instituciones, aún hay aspectos que están pendientes de ser atendidos por parte del Estado y es esta falta de atención oportuna la que impide la continuidad de las estrategias para impulsar el bienestar emocional del personal operador y dificulta el acceso a los mecanismos para atender las problemáticas mencionadas.
Especialistas de la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal consideran que es necesario implementar medidas como periodos de descanso, generar espacios de comunicación entre el equipo de trabajo, sensibilizar a las autoridades sobre la importancia del autocuidado y eliminar estigmas alrededor de la salud mental y la terapia psicológica, entre otras.
Adicionalmente, es necesario continuar estrategias integrales que incluyan diagnósticos de clima laboral y desarrollo de políticas institucionales, que permitan visibilizar y atender la problemática desde una perspectiva multidisciplinaria. Por medio de estas acciones se deberán de proponer soluciones efectivas y sostenibles, en las que el bienestar de las personas operadoras se constituya como un aspecto esencial en el servicio público.
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