Por: Luis Jorge de la Peña Rodríguez
Los pasados 17, 18 y 19 de mayo se llevó acabo la implementación del Programa Piloto para la Emisión del Voto de personas que se encuentran en prisión preventiva. Este esfuerzo realizado por parte del INE es un ensayo ante la posibilidad de que, en las elecciones del 2024, las personas privadas de libertad (PPL), que mantienen sus derechos políticos por no estar sentenciadas, puedan sufragar.
En relación con lo anterior, previamente a las elecciones del 6 de junio, el ONC llevó a cabo un ejercicio de recopilación de información denominado “Por un México Seguro”. En él, se consultó a candidatos a las gubernaturas contendidas en 2021 sobre sus propuestas en materia de seguridad ciudadana, incluyendo aquellas relacionadas con la reinserción social y el sistema penitenciario.
En general, los resultados de este ejercicio permitieron vislumbrar que en el tema de ejecución de sanciones se mantuvo una tendencia a priorizar el tema de la seguridad al interior de los centros penitenciarios e intensificar el combate al autogobierno. El grueso de las propuestas de campaña se abocó a proponer la mejora de mecanismos de control interno mediante el aumento del personal de custodia e incrementar los medios técnicos para realizar la vigilancia penitenciaria.
En un segundo plano, quedaron las temáticas relacionadas con la mejora de condiciones de internamiento y respeto a los derechos humanos. Si bien las y los candidatos son recurrentes al afirmar que sus políticas públicas buscaban dignificar las condiciones de vida de las PPL, ninguna propuesta detalló en qué rubros y cómo buscaban realizar estas mejoras.
Por otra parte, las propuestas encaminadas a la reinserción social solo se presentaron de forma enunciativa, limitándose al compromiso de establecer estrategias para la generación de empleos al interior de los centros penitenciarios. En consecuencia, no se emitieron propuestas referentes a programas individualizados de reinserción social, que fueran medibles, evaluables y que permitieran dar seguimiento a las personas que obtuvieran su libertad.
Sin duda, el ejercicio realizado por el INE representa un enorme paso en la lucha por el aseguramiento de los derechos de las PPL y de las necesidades del país en materia de ejecución penal y sistema penitenciario. No obstante, es esencial hacer análisis respecto a la posibilidad real de que las personas que se enfrentan a la vida penitenciario puedan expresar su voluntad mediante el voto y como ello puede incidir en las políticas públicas en materia de seguridad.
De esta manera, resulta imperante contemplar que las propuestas de los aspirantes a puestos de elección popular deberán responder a la realidad penitenciaria del país. No obstante, lo que las campañas recientes dejaron ver, es que el tema penitenciario sigue siendo residual, estando aún muy lejos de constituirse como una vía hacia la reinserción social de las personas infractoras.
Es entonces imperante que desde las instituciones públicas y las facciones políticas se dé una transformación respecto al papel social que juegan las instituciones de ejecución penal. La inclusión de la PPL en el electorado es un paso importante, pero no será suficiente en tanto la responsabilidad política respecto a la reinserción social siga vagando entre incertidumbres y ambigüedades.
@LuisJorgeDeLaP1
