Es muy común escuchar que la pobreza es la causa del crimen. Sin duda la pobreza es un factor que incide, pero no es el único y puede no ser el determinante más importante. Un ejemplo de esto lo podemos observar en la frontera norte de México.
La llamada zona libre de la frontera norte (ZLFN) que abarca 45 municipios muestra con respecto a la nación en su conjunto mejores condiciones sociales si se consideran índices como el de rezago social y de marginación. Otro ejemplo es el caso de la pobreza extrema y moderada que para 2020, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), fue de 2.28% y del 24.35% respectivamente, siendo para el resto del país de 9.05% y 35.41%.
Lamentablemente en términos de seguridad pública los resultados son distintos. A partir de elaboración propia con Datos Abiertos de Incidencia Delictiva Municipal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y CONAPO, Proyecciones de la Población de los Municipios de México, 2015-2030, en 2021, la tasa de incidencia delictiva en la ZLFN era de 204 por cada diez mil habitantes en tanto que las cifras a nivel nacional se ubican en 158.
No obstante, una lectura interesante puede surgir al separar por delitos. La tasa de delitos contra el patrimonio en la frontera norte es significativamente menor respecto al registrado en el país, a pesar de que el robo es el delito que en términos absolutos se comete con mayor frecuencia. En 2021 a nivel nacional se tiene 72.0, por cada 10 mil habitantes, mientras que la frontera norte registra solamente 8.3.
La historia es muy distinta si se considera la tasa de homicidios dolosos, la cual se emplea como una variable proxy de la presencia del crimen organizado y de la inseguridad en la región. Para 2021 esta es de 5.5 por cada diez mil habitantes en la frontera, en tanto que en el país se tiene 2.2. En el caso de delitos sexuales la tasa en 2021 fue de 72.2 por cada diez mil habitantes y 56.5 a nivel nacional.
La población migrante a su vez es blanco de la delincuencia y un ejemplo de este fenómeno es la tasa de trata de personas y tráfico de menores que se mantiene en niveles superiores al nivel nacional. En 2021, la tasa en la frontera fue de 8.7 por cada millón mientras que a nivel nacional fue de 5.1. Esto es particularmente preocupante ante el flujo migratorio que vive nuestro país y que desembocan en el norte.
Una posible explicación a la menor tasa de delitos patrimoniales versus el resto, está en que, los primeros se explican más por factores vinculados al ingreso y los segundos a factores institucionales, en concreto la impunidad. Alburqueque (2007) encuentra que la deficiente aplicación de la ley explica la disparidad en las tendencias delictivas de las ciudades hermanas de México y Estados Unidos en la frontera, al ofrecer libertad de acción al crimen organizado en las ciudades mexicanas.
Esta carencia, combinada con factores como la baja cohesión social, una alta migración, falta de recursos y capacidades de los gobiernos locales, genera una percepción de inseguridad muy elevada que tiene consecuencias en lo económico
que se traduce en niveles subóptimos de inversión que impactan negativamente en el crecimiento, la productividad y el desarrollo del capital humano. Subyace, además, la violación a derechos humanos fundamentales.
Estos efectos nocivos se hacen presentes cuando la región es incapaz de aprovechar fenómenos como el “nearshoring”. Nunca como ahora, nuestra proximidad con Estados Unidos debería de ser aprovechada. Sin embargo, esta cercanía impone más retos. El gobierno estadounidense habla de enviar a México 30,000 migrantes al mes, lo cual genera mayores presiones a una región necesitada de soluciones.
*Ambos autores son profesores investigadores del Tecnológico de Monterrey
@minorcampa
