Por Manuel Vélez
En meses recientes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha emitido una cantidad creciente de alertas sanitarias por diversos medicamentos falsificados, la comercialización de productos sin registro y la adulteración de productos que ponen en riesgo la salud de las personas. Apenas en los primeros cinco meses de 2023, esta autoridad emitió 21 alertas por falsificación de fármacos lo que marca una diferencia respecto a la actividad de la agencia reguladora en el pasado[1].
De estas alertas, la que ocasionó más sorpresa fue por la falsificación de Aspirina Protect, un medicamento ampliamente recetado para inhibir la agregación plaquetaria y reducir el riesgo de mortalidad en pacientes con padecimientos cardiovasculares, los cuales no debemos olvidar constituyen la principal causa de muerte a nivel nacional.
La emergencia por la falsificación de medicamentos no es nueva. Cuando el ONC publicó una investigación sobre la oferta de piratería[2] en 2018, ejecutivos de la industria farmacéutica y especialistas afirmaban que este problema ya existía desde hace décadas.
Uno de ellos comentó el caso de un operativo donde encontraron ampollas de dexametasona cuyo contenido era agua sucia. Otro especialista narró prácticas de falsificación y contrabando de tratamientos oncológicos puestos a la venta al sector público y privado. Incluso, hay ejemplos de asociaciones civiles en Estados Unidos como The Partnership for Safe Medicines que surgieron después de que uno de sus fundadores casi perdiera la vida debido al consumo de un medicamento falsificado en México hace más de 20 años.
A pesar de que existen diferencias significativas en los estudios que miden el tamaño del mercado que representan los medicamentos “irregulares”, por decirlo de una manera menos técnica, el factor que debería poner en alerta a las autoridades mexicanas se desprende de las condiciones de carencia social causadas por las deficiencias del sistema de salud y la creciente privatización de facto de estos servicios.
De acuerdo con el último levantamiento de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (2022) y la medición multidimensional de la pobreza realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “las personas que presentaron carencia por acceso a los servicios de salud pasaron de 16.2% a 39.1% entre 2018 y 2022, es decir, de 20.1 a 50.4 millones de personas en esta situación.”[3]
La falta de acceso a estos servicios orilla a las personas a erogar recursos de sus bolsillos para acudir a consultorios y hospitales privados. Los datos muestran que entre 2018 y 2022, en estos lugares se ha brindado la mayor proporción de servicios de atención médica en el ámbito urbano desde 2018. Por extensión, eso induce la demanda de medicamentos en farmacias y otros puntos de venta como mercados sobre ruedas o páginas de internet donde es posible encontrar medicamentos falsificados de cualquier especialidad.
A pesar de que el gasto neto en medicamentos y servicios de salud disminuyó respecto a 2020, año crítico de la pandemia, la proporción del gasto se mantiene en niveles superiores al promedio registrado entre 2008 y 2018 al alcanzar un 1.1% del gasto total por hogar en 2022 (Martínez, 2023)[4]. No sobra mencionar el incremento de la inflación así como el desabasto de medicamentos de diversas especialidades que han ocasionado manifestaciones de pacientes y médicos.
Para mitigar este problema no bastará con retirar productos de mercados físicos ni con emitir alertas sanitarias. Eso es apenas el comienzo. Es indispensable aumentar la supervisión en canales digitales de venta y en las fronteras, impulsar procedimientos penales y administrativos exitosos, sensibilizar a la población más vulnerable a caer en engaños, facilitar la detección de medicamentos falsificados mediante sus atributos físicos, entre muchas otras intervenciones dirigidas al aseguramiento de las cadenas de suministro y distribución.
Pero, mientras persistan las carencias sociales y no se implementen medidas más efectivas en contra de la falsificación de medicamentos, esta actividad ilícita seguirá siendo atractiva y costará vidas y sufrimiento.
@VelezManuel
Subdirector de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano
[1] Falsificación de medicamentos, un problema que Cofepris aún no resuelve (expansion.mx)
[2] 190820-PirateriaMx-doc.pdf (onc.org.mx)
[3] Documento_de_analisis_sobre_la_medicion_multidimensional_de_la_pobreza_2022.pdf (coneval.org.mx)
[4] El gasto de medicamentos de los hogares en México, 2008-2022 | El Universal
