Por Luna Sarti
La emergencia social ocasionada por la extorsión crece día con día. Así lo demuestran las estadísticas de delitos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y diversas encuestas de victimización que sitúan a la extorsión como el delito más apremiante del momento.
Definida por el ONC como un delito practicado por quien, 'con ánimo de conseguir un lucro o provecho; coaccione, amedrente, obligue, intimide, amenace o engañe, por cualquier medio a otro con causar daños morales, físicos o patrimoniales', la extorsión se despliega en varias manifestaciones, desde su forma telefónica, presencial hasta la extorsión cibernética.
Pero, además son relevantes las representaciones sociales de los delitos entendiendo estas como “formas de interpretar la realidad cotidiana”. En la formación de estas representaciones juegan un papel importante los factores sociales, económicos e históricos, procesos y prácticas sociales, así como las formas de comunicación.
Una de estas representaciones sociales vigentes en los medios de comunicación es que la extorsión la cometen únicamente personas que están en la cárcel o que pertenecen a algún grupo delictivo, y que, por lo tanto, queda entonces muy alejada de los grupos sociales privilegiados, de las autoridades en turno o de otros actores sociales.
La particularidad de la extorsión es que se caracteriza porque puede ser cometida por cualquier individuo que encuentre la oportunidad. La variable decisiva en la comisión de la extorsión y condicionante de la elección del modus operandi no es el origen social del autor, sino el capital de recursos del cual dispone.
De hecho, la clase social asigna recursos a los individuos. Estos pueden ser monetarios, políticos, institucionales, jerárquicos, materiales, profesionales, entre otros. Cada individuo los moviliza en su propio beneficio eligiendo el modus operandi que mejor se adapte a su situación.
La extorsión presencial ilustra este mecanismo. Esta es principal, pero no exclusivamente practicada por la delincuencia organizada. El modus operandi recurre incluso a utilizar niñas, niños y adolescentes para recaudar las cuotas exigidas a comerciantes y también, ocupa individuos procedentes de clases sociales inicialmente desfavorecidas para amenazar e intimidar a las víctimas.
En este caso, la extorsión moviliza la fuerza de la red criminal y, por extensión, la reputación de sus miembros, y los medios materiales de que disponen los autores para presionar a sus víctimas.
Los grupos sociales favorecidos también movilizan los medios de que disponen para cometer extorsiones. En una próxima publicación del ONC, unas víctimas denuncian haber sido extorsionadas por funcionarios del sector público en el ejercicio de su trabajo en el sector formal e informal. Otras reportan que al interior de corporaciones policiacas existe el cobro de cuotas para poder ascender en las jerarquías.
También, se han recibido testimonios de víctimas extorsionadas por profesionistas ante situaciones delicadas durante un proceso penal. Otras ubican a los sujetos activos como personas acomodadas que obtienen registros marcarios de mala fe para poder exigir de manera velada un pago al titular de derecho. En estos ejemplos, los recursos que permiten cometer el delito son jerárquicos, materiales y eruditos.
Comprender los mecanismos de la extorsión requiere deconstruir las nociones preconcebidas que tenemos de él. Este delito destaca por su universalidad, y por el hecho de que trasciende los estratos sociales. Toda persona que disponga de los recursos adecuados para cometer el delito puede convertirse en extorsionador. No nos confiemos en las representaciones sociales dominantes de este delito.
Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano@ObsNalCiudadano
