“Profesor, no gaste tanto para venir hasta acá. La maestra de tercero le puede vender gasolina a bajo precio. La despacha en la cochera de su casa”. Con estas palabras, fue recibido un docente recién llegado a su lugar de trabajo en un municipio del estado de Hidalgo. Se trata de una escuela pública localizada en la misma zona en la que hace unos días un destacamento de la Guardia Nacional fue expulsado violentamente por habitantes de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.
Según el parte oficial, los elementos de la Guardia Nacional habían realizado un operativo contra el huachicol el día anterior y del cual resultó un civil muerto y dos heridos. Como respuesta, personas de la comunidad se reunieron en la sede del destacamento para exigir justicia frente a lo que consideran como un atropello.
Estos hechos, lejos de ser una anécdota más sobre la ineficacia del gobierno contra el huachicol, muestran la disfuncionalidad de una política de seguridad anómala y de una sociedad desconcertada.
¿Cuál será el grado de normalización del delito al punto que hay profesores de primaria que dedican parte de su tiempo a la venta de gasolina robada? Y ¿cuál será el nivel de desprestigio de las fuerzas federales que son expulsadas a piedras y palos por una comunidad a la que debieron llevar la certeza razonable que solo da el orden y el derecho?
Es probable que el gobierno federal persista en un llamado a la reconciliación moral de una nación fragmentada por la injusta desigualdad de oportunidades, pero mientras su narrativa triunfa en la mente de quienes la repiten, las condiciones mínimas para garantizar una sociedad estable y próspera, con un gobierno eficiente y creíble se diluyen.
Si la prudencia invocada para ordenar el repliegue de los elementos de la Guardia Nacional a fin de evitar confrontaciones mayores con la población local de Cuautepec estuviera acompañada de la certidumbre en la función imparcial de la procuración de justicia para inhibir el delito de lesiones o la muerte del civil involucrado en los hechos, entonces tal vez esa comunidad hidalguense podría invocar la institucionalidad del estado para esclarecer sus presuntos agravios.
Si la Guardia Nacional fuera una institución capaz para articular labores de interdicción eficaces contra el delito y al mismo tiempo, respetuosas de los derechos humanos, entonces no tendría que salir huyendo de la población a la que debía servir.
En lugar de ello, las piedras y los palos resultaron más eficaces para hacer cumplir un reclamo popular fundado o no, pero elocuente para reportar que las tarjetas del bienestar son bienvenidas, pero no el cumplimiento de la ley. Si la muerte del comendador a manos de la turbamulta fue motivo de escándalo para la sociedad feudal española, retratada en la Fuenteovejuna de Lope de Vega, no podría causar menos asombro que estos hechos sean minimizados por los micrófonos gubernamentales del México contemporáneo.
Mientras tanto, seguiremos escuchando los avances de una estrategia de seguridad que ciertamente “ha cambiado el paradigma de seguridad en el país” ─como reza
el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-24─ pero no porque esa estrategia haya dado mejores resultados que las acciones realizadas en el pasado, sino porque ese nuevo paradigma consiste en la aceptación cruda que el gobierno negocia su credibilidad al precio de empeñar la legitimidad, que no proviene sólo de las urnas, sino de su capacidad para garantizar la paz y el orden.
@PelaezGalvez
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