Hace unas semanas el Observatorio Nacional Ciudadano presentó el informe Lavado de dinero en la trata de personas: Desafíos para su atención. El reporte brinda al lector una investigación pionera de corte descriptivo con enfoque de política que reflexiona sobre esta problemática desde un ángulo financiero.
Las conclusiones para el caso de México indican que aún estamos en una etapa incipiente para prevenir e investigar este delito, y que haríamos bien en aprender lecciones de otros países que han sido más exitosos en esta tarea.
Alondra de la Garza, especialista en lavado de dinero, afirmó durante un panel organizado por el ONC y el ITESM que: “no hay peor riesgo que el que tenemos enfrente e ignoramos, porque el simple hecho de hacerlo nos expone mucho más a él”.
En el caso de la trata desconocemos cuál es este riesgo. Al ser un delito complejo por la cantidad de actores que intervienen, las etapas, las finalidades y la geografía criminal, los instrumentos para captar y sistematizar información resultan insuficientes para tener una idea más fidedigna de su magnitud real.
Son evidentes los contrastes entre los datos oficiales de víctimas y carpetas de investigación del conocimiento de las autoridades con la evidencia de reportes internacionales que sitúan a esta actividad como una de las más rentables y generalizadas independientemente del grado de desarrollo de un país.
Pero, lo cierto es que a nivel internacional tanto las autoridades como los sujetos obligados del sistema financiero y de las actividades vulnerables han superado estos obstáculos con algunos resultados prometedores tanto en el ámbito de la prevención del lavado de dinero como en el de la investigación penal.
Por ejemplo, en Canadá, Project Protect se consolidó como una alianza público privada entre su unidad de inteligencia financiera conocida como FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada), diversos bancos y organizaciones de la sociedad civil.
Un logro de esta alianza fue triplicar la cantidad y calidad de reportes de operaciones inusuales o sospechosas. Además, disemina información clave para investigar casos que, de otra forma, hubieran pasado desapercibidos para las autoridades de seguridad y justicia.
Por su parte, las autoridades brasileñas son pioneras en la investigación de casos criminales de trata de personas y lavado de dinero de acuerdo con la revisión de expedientes judiciales realizada por el ONC en la base de datos de la plataforma Sherloc (Sharing Electronic Resources and Laws on Crime) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Las diligencias realizadas por la justicia incluyen el seguimiento de los movimientos financieros, frecuencia de ingreso y egreso de tratantes, rastreo de llamadas telefónicas, entre otros. Además, intercambian la información entre distintos países para aumentar las probabilidades de éxito judicial.
Los avances en México sobre este tema son modestos y algunos hasta criticables, pero constituyen un punto de partida importante. Destaco los siguientes: la inclusión de esta conducta en la última Evaluación Nacional de Riesgos, la generación de dos tipologías específicas de trata de personas, el uso de la Lista de Personas
Bloqueadas, la publicación de guías de indicadores y banderas rojas, así como la denuncia de casos específicos ante la Fiscalía General de la República por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Los pendientes en esta materia apremian debido a la incidencia creciente de este delito y a la parálisis del sistema de justicia. Por si esto fuera poca cosa, la instancia más importante de coordinación de las políticas contra la trata, es decir, la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas se ha desdibujado en los últimos 3 años de acuerdo con testimonios de especialistas recopilados durante la investigación.
Mantener el statu quo será costoso para las miles de víctimas que día tras día sufren las consecuencias físicas y psicológicas de ser explotadas. Pero, ignorar las opciones de política y la arquitectura institucional que ofrece el sistema antilavado también les niega el acceso a la justicia y a una vida en libertad.
@VelezManuel
