Por Ángel Fernández
El Estado de México es denominado como laboratorio electoral nacional, pero eso no implica que la entidad sea una especie de reflejo de distintos fenómenos sociales ocurridos en todo el país. Con respecto a la inseguridad y violencia tampoco lo es; de hecho, ninguna entidad ilustra la complejidad delictiva nacional.
El Estado de México resulta relevante pues al interior de sus fronteras una proporción importante de los mexicanos están expuestas a distintos delitos y violencias, y en ese sentido, la candidata a la gubernatura ganadora está obligada a garantizar mejores condiciones de seguridad por medio estrategias distintas a las aplicadas en los últimos años. Las propuestas genéricas han demostrado sus límites.
Una de las principales lecciones del análisis de la inseguridad es que tiene su propia lógica geográfica: el delito es un intrínsecamente fenómeno local. Dependiendo de la escala del análisis, la distribución del delito en el Estado de México responde a la confluencia de distintos elementos locales tales como condiciones económicas, institucionales, sociales, físicas, entre otras.
Si en realidad hay un compromiso por atender la inseguridad de manera efectiva en la entidad, a la futura gobernadora le resultaría útil abstenerse de apelar a las propuestas genéricas o adoptar sin cuestionamientos la fórmula federal de que los programas sociales y la incursión de las fuerzas militares reducen el delito. La evidencia indica que las incursiones militares en los territorios no sostienen la seguridad en largo plazo y que no hay una explicación consistente de que los apoyos sociales, de forma exclusiva, tengan un efecto protector de las comunidades.
Para exponer de mejor forma la necesidad de estrategias diferenciadas consideremos la heterogeneidad espacial del homicidio doloso. De acuerdo con datos del SESNSP, para el 2022, el Estado de México tenía una tasa de 13.5 homicidios intencionales, mientras a nivel nacional fue de 20.9, una diferencia de 55.3%. Sin embargo, a nivel municipal el delito se comporta de manera diversa y las diferencias son más críticas.
En el año mencionado, de los 125 municipios mexiquenses, más de una cuarta parte (36) presentaron tasas de homicidios superiores a los 13.5. Estos espacios tienen características sociales, económicas y físicas muy distintas entre sí. Geográficamente, por ejemplo, los municipios más violentos se ubican en las fronteras de las entidades como Hidalgo, Querétaro y Ciudad de México, por tanto, no todos están aglomerados en alguna región mexiquense, lo cual plantea la necesidad de estrategias diferenciadas para reducir esta expresión extrema de violencia.
Por otra parte, en términos urbanos también hay distinciones marcadas. Mientras Naucalpan y Tlalnepantla tienen poblaciones por arriba de los 700 mil habitantes, Texcalyacac y Nopaltepec superan los 6 mil. Además, las actividades productivas son muy diferentes, algunos tienen una vocación industrial, otros son agrícolas. Esto también indica que las condiciones que promueven o inhiben el homicidio son disímiles.
Así pues, si en verdad se quiere asumir compromiso por mejorar la seguridad de los habitantes mexiquenses, resulta central contemplar estas y otras diferencias de los municipios. Aunque es importante que las autoridades en sus distintos niveles se muestren receptivos a dejar de privilegiar estrategias de seguridad que no han funcionado. Cuando se involucran elementos locales para la seguridad, los resultados más sostenibles. Algunos municipios han mostrado que, al considerarse a los habitantes de los vecindarios, hay muchas más oportunidades de éxito para reducir la violencia y el delito.
Investigador Observatorio Nacional Ciudadano
@DonJAngel
