Por: Linda Gual
El combate a la inseguridad, y otros asuntos de interés general, ha liderado las agendas públicas de la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe, incluso ha sido promesa de campañas políticas y lo seguirá siendo hasta que cada uno de los sectores que integran la sociedad asuma su responsabilidad en este fenómeno.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo define la seguridad ciudadana como una estrategia para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia, así como la reducción de los delitos de una región.
En algunos países se han reconocido estrategias exitosas para prevenir fenómenos de violencia y delincuencia, tal es el caso de Chile, Bolivia, Brasil, Jamaica, entre otras. En este sentido, algunos gobiernos locales han optado por incrementar la inversión en tecnología priorizando la compra de cámaras de vigilancia; otros, optan por involucrar a las comunidades de vecinos para coproducir un marco de protección de los individuos y de su patrimonio para alcanzar una mejor calidad de vida; otros más prefirieron la adquisición de mayor equipo y capacitación del cuerpo policial. Posiblemente algunas de estas acciones funcionaron, pero, ¿esto solucionó el problema?
Es cierto que para la prevención y disminución de la violencia y delincuencia, y por tanto de la inseguridad, no existen fórmulas mágicas ni estandarizadas que garanticen el éxito de la misma. Algunas de las políticas públicas, así como las estrategias de seguridad de los gobiernos, están diseñadas con el objetivo de disuadir la comisión de delitos, de lo contrario hay ojos vigilantes que lo llevarán ante la justicia donde se iniciará una investigación, un juicio y en caso de existir pruebas suficientes, concluir en una sentencia condenatoria. Con este enfoque se espera que la persona reflexione y desista de cometer un delito.
En términos reales, esto no sucede así, y es que el fenómeno de la violencia y la delincuencia es multifactorial. Explorando esa complejidad, buscando la raíz de lo que provoca que la gente decida cometer un delito, identificamos la relevancia de la corresponsabilidad entre los sectores de gobierno, iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil (OSC), academia y la ciudadanía, para prevenirlo.
Esta ecuación podríamos representarla como un ciclo virtuoso en el que las organizaciones de la sociedad civil y la academia tomen mayor relevancia en la solución de los problemas públicos, mediante la presentación de propuestas basadas en evidencia; asimismo, el gobierno como administrador del bien común asuma la responsabilidad de generar los cambios necesarios, incluso legales, con
enfoque de los derechos humanos y de la dignidad de las personas; por su parte, la iniciativa privada tendría que complementar los esfuerzos del sector público, siempre considerando que sus acciones no deben poner en riesgo la herencia social, económica o ambiental de futuras generaciones de la sociedad. En este ejercicio, la ciudadanía, tendría que ser vigilante para incentivar la rendición de cuentas de las autoridades, reconociendo el valor de su participación en la toma de las decisiones.
Esta corresponsabilidad con un enfoque de derechos humanos, en el que el desarrollo integral de cada individuo sea el centro de las acciones de todos los sectores que conforman la sociedad es como podríamos, tal vez, lograr una seguridad ciudadana que brinde mejores condiciones de vida para las personas que habitamos Quintana Roo.
Vocera del Observatorio de Seguridad y Género de Quintana Roo (OSEGE)
@linda_gual
@OSEGEQROO
