María Amparo Hinterholzer Rodríguez
La experiencia de querer obtener justicia y ser víctima en Guerrero, es un camino empedrado difícil de cruzar. En septiembre de 2023, mi familia y yo, nos sumamos a las miles de víctimas de violencia debido al fallecimiento de mi hermano: Enrique Hinterholzer. Un joven de 30 años cuya vida fue arrebatada a manos del crimen organizado y la incapacidad de un Estado para brindar seguridad y paz.
El primer contacto con la Fiscalía se realizó en la Unidad de Atención Temprana, para dar inicio a la carpeta de investigación de oficio y aportar información personal de mi hermano. El trato que brindaron fue frío, indiferente y poco empático, se enfocaron en realizar preguntas para recopilar información. Nos ofrecieron apoyo psicológico sin mayores detalles o seguimiento para concertar una cita.
En los estantes se acumulan y apilan cientos de carpetas de investigación, el inmobiliario es escaso, incluso las sillas escasean, tanto en las salas de espera como en las mismas oficinas e inmediaciones, orillando a los auxiliares a sentarse sobre las mismas carpetas de investigación. Esto no sólo evidencia la carencia de insumos para operar y lo mucho que la carga de trabajo rebasa a los funcionarios, sino también la indolencia, desinterés y desgana con la que desempeñan su labor.
Del personal nadie pudo otorgarnos información básica: dónde estaban ubicadas las Unidades especializadas, si la carpeta ya había sido canalizada o quién era el agente investigador a cargo. En todo momento inspiran la sensación de no querer ayudar o de decidir desentenderse para evitar el compromiso.
Al inicio obtuvimos información errónea respecto a la Unidad en que podíamos recoger los objetos personales de mi hermano. Se notó una clara falta de comunicación y coordinación entre las unidades. Ambas partes se excusaron del exceso de trabajo que tenían y, por eso, se retrasó la entrega de las pertenencias.
Habían pasado aproximadamente de dos a tres semanas, cuando pudimos tener contacto con el agente del Ministerio Público. Dado que la Unidad de Homicidios se estaba re acomodando, el agente no tenía oficina dónde atendernos, por lo que los primeros contactos se dieron en los pasillos de la Fiscalía.
En esta situación tan carente de formalidad y confidencialidad, se nos entregaron parcialmente los objetos personales de mi hermano, además, se nos proporcionaba información (incluyendo posibles hipótesis) que estaba a la escucha de cualquier persona que transitara por ahí.
La facilidad con que divulgan estos datos sensibles es tal, que el agente nos pidió como favor realizar un juego de copias de una carpeta de investigación distinta a la nuestra. Por respeto a las víctimas, mi hermana y yo no abrimos ni tocamos el expediente.
Por petición del agente investigador, íbamos a la Fiscalía dos veces por semana para obtener respuestas y conocer los avances del caso. Durante estas visitas invertimos aproximadamente de 3 a 4 horas, y lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones no teníamos respuestas concluyentes. Dentro de los resultados entre las asistencias a la Fiscalía, recibimos un sin fin de frases trilladas como, “en una semana regresen”, disuasivas como: “dejen de venir, no tenemos avances” y de culpa como: “tenemos que descoser y coser de nuevo la carpeta por su culpa”. Para este punto, el agotamiento no solo era mental, sino físico, por lo que dejamos de acudir tan continuamente a la Fiscalía.
A mediados de diciembre nos quisieron impedir la entrega del último objeto personal porque, de acuerdo con el agente, no éramos considerados como "familia cercana", a pesar de que éramos sus hermanas. Al final, recuperamos sus pertenencias con renuencia por parte de las autoridades.
Además, descubrimos que el personal había extraviado diligencias. Esto debido a que en un inicio, observamos que cuando la Unidad recibe una diligencia, lo colocan en una carpeta entre el montón de asuntos acumulados, para después coserlo a su expediente. Sin embargo, la abrumadora cantidad de casos que manejan, hizo que se traspapelara.
Finalmente decidimos dejar de acudir a la Fiscalía y acudir a Asuntos Internos para externar la situación. De esto, solamente se recibió una llamada para solicitar información de la carpeta, sin embargo, desconocemos qué pasó con la queja. Asimismo, decidimos pedir ayuda a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) para realizar el último trámite que necesitábamos de la Fiscalía.
En vista de la situación, después de casi un año de la pérdida de mi hermano, de múltiples visitas y horas invertidas; de malos tratos, poca capacidad de atención y contención a las víctimas, desconocemos si hay algún tipo de avance, o si habrá. La teoría indica que nos tienen que informar sobre los avances de la investigación, sin embargo, eso no ha sucedido. Lo único certero es que no habrá justicia para Enrique Hinterholzer Rodríguez.
Lo expresado en estas líneas es un caso particular en Guerrero, un ejemplo del impacto que la delincuencia, la falta de capacidad y empatía de las autoridades tiene en cientos de miles de mexicanos. Esta experiencia ayuda a entender que una víctima, además de las repercusiones emocionales que vive, se tienen que enfrentar a la ineptitud de todo el aparato institucional de la Fiscalía para levantar la denuncia.
Esperar largas horas para ser atendido, recibir malos e insensibles tratos por parte del personal, recibir información errónea, ser re-victimizado en toda la etapa inicial del proceso, para concluir en los famosos “carpetazos”. Y a pesar de todo ello, las víctimas no obtenemos justicia.
Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano
@AmpHinterholzer