El camino para la construcción de elecciones justas ha sido largo, con avances y retrocesos. Actores con distintos alcances de influencia han realizado enormes esfuerzos para la consolidación y refinamiento de medidas para que los procesos electorales sean libres, sin la mediación de ilícitos que violenten el derecho a elegir a los representantes públicos. Si bien algunas conductas ilegales para alterar las elecciones cambiaron respecto a décadas anteriores, lo cierto es que su frecuencia sigue siendo alta y en algunas entidades federativas se desconoce la magnitud y el efecto que estas acciones tienen sobre la decisión de los ciudadanos.

Por: Myrna Salazar y Ángel Fernández
 

Para dimensionar el tamaño del problema, hay características cuantitativas y geográficas necesarias de mencionar sobre estas elecciones. De acuerdo con las estadísticas del SESNSP, entre enero y junio de 2021, se abrieron 2941 carpetas de investigación (CI) del fuero común por delitos electorales, de las cuales 921 (31%) corresponden a entidades en donde se celebraron elecciones a gobernador y las restantes 2020 (69%) tuvieron lugar en entidades en donde no se disputó el ejecutivo local. Por otra parte, este proceso se caracterizó por un incremento de la denuncia hacia el día de la elección: en enero de 2021 se reportaron 54, para junio, 1663.

Asimismo, en los casos en donde ocurrieron elecciones a gobernador —15 entidades del país— hay distintos elementos a destacar. En Nuevo León fue en donde más se abrieron CI con 415, seguido de Zacatecas con 123 y Michoacán con 95; en conjunto esto representa 68.7% del total de casos registrados en entidades con elección a gobernador y 21.5% del total nacional. En contraste, en Tlaxcala no se iniciaron carpetas de investigación por delitos electorales. Otros casos icónicos de con baja incidencia a pesar de que los medios de comunicación mostraron que fueron altamente conflictivas: Nayarit, Campeche y Sonora donde apenas se tienen registros de 5 carpetas de investigación.

En Nayarit, se presentaron “levantones” a miembros de las campañas y candidatos, escalando hasta el homicidio del coordinador de comunicación del INE. Igualmente se amenazó con impedir la entrega de materiales electorales, se seleccionaron personas de la fila de votantes para fungir como funcionarias de casilla. Incluso, en el municipio de La Yesca se canceló la votación para reponer el proceso.

De igual forma, sorprende que en Campeche se hayan registrado únicamente dos carpetas de investigación, pues se mostró como una de las entidades con mayor violencia en el proceso electoral. La prensa documentó en estos meses que se arrojaron piedras y ácido muriático a militantes, autos incendiados, amenazas a candidatos, acusaciones de demora en instalación de casillas por soborno a funcionarios, falta de boletas para gobernador, disparos, triangulación de fondos públicos para financiamiento de campaña, sobrepasar topes de campaña, hasta acarreo y compra del voto.

Por su parte, en Sonora, el caso extremo de la violencia se observó en el asesinato del contendiente a la presidencia municipal de Cajeme. Al mismo tiempo se suscitó apoyo a candidatos por servidores públicos en horario laboral y uso electoral de programas sociales, así como violencia política en razón de género, compra-coacción del voto y desvío de recursos públicos.

Finalmente, en Tlaxcala se señalaron actos de violencia política en razón de género, no instalación de casillas por actos de violencia, presencia de personas armadas, amenazas y retención de funcionarios electorales que decantaron en el homicidio de un servidor público del INE, así como cierre de carreteras y destrucción de material electoral.

Estos datos indican que la autoridad no logra captar todos los delitos que ocurren en la realidad. Frente a esto, ¿qué resta por hacer? Desde el ONC insistimos que un paso fundamental es generar condiciones de denuncia en los ministerios públicos locales. De poco sirve contar con sofisticados procedimientos para dar certidumbre a la elección, si en muchos casos las decisiones ciudadanas están mediadas por el delito y la impunidad.

Investigadores del Observatorio Nacional Ciudadano
@litteraeM
@DonJAngel

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