En junio de este año el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López, anunció la creación de una “Comisión Nacional Antiextorsión”. Dos meses después la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, planteó la necesidad de crear una Coordinación Nacional Antiextorsión y una Antihomicidios.
En ambos casos se aludió a un esquema similar al de la actual Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), creada por Decreto Presidencial el 29 de enero de 2014. También se mencionó que el objetivo es “mejorar la coordinación” para “dar tiros de precisión” para desarticular organizaciones criminales.
El aspecto positivo de este anuncio es que, al menos en el discurso, están pensando en alternativas que trascienden el simple envío de más efectivos de la Guardia Nacional. La parte negativa es que la creación de más comisiones ilustra al menos dos vicios de la actual política de seguridad: incoherencia en políticas públicas y visiones simplistas de los problemas. Me explico.
En primer lugar, la propuesta de crear dos Coordinaciones Nacionales muestra incoherencia entre el discurso y los hechos. Los funcionarios federales ponen como ejemplo a la CONASE, institución que ha sido abandonada por la actual administración federal. Para muestra un botón, en 2022 la CONASE recibió 30% menos presupuesto que lo ejercido en el sexenio anterior.
Otras muestras del deterioro de esta institución se pueden consultar en el capítulo “La política antisecuestro: ¿está la Coordinación Nacional Antisecuestro en el olvido?” del documento Tres años sin gobernabilidad, resultados, ni rumbo fijo en seguridad
del ONC.
En segundo lugar, se alude a una visión sesgada y simplista de la coordinación. En el discurso oficial la coordinación es más un fin que un medio. Lo cierto es que no se requiere de un órgano administrativo desconcentrado para mejorar la coordinación. Las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS) se crearon en 2009 y funcionaban relativamente bien. Su adscripción a la CONASE en 2014 no cambió significativamente su trabajo.
Lo que permitió escalar sus capacidades operativas, tal como lo reconoció el ex secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo (SSPC, 2019), fueron los recursos ejercidos por medio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Lo que se necesita son capacidades institucionales. En su momento fueron las unidades especializadas las que dieron resultados, no las instancias burocráticas de “coordinación”. Desde 2019 las UECS se hacen cargo también de la investigación de casos de extorsión. Así que, antes de crear una Coordinación más habría que presentar un diagnóstico sobre el desempeño de la CONASE en el combate a estos delitos.
Más que coordinar actividades a partir de una función concurrente, como lo es la seguridad pública, el gobierno federal parece querer centralizar la toma de decisiones al amparo de una instancia formal adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Llama la atención que en tiempos de “austeridad republicana” se piense en más burocracia federal y menos en el fortalecimiento institucional de las áreas de seguridad pública de las entidades federativas.
En suma, la coordinación entre instancias tan desiguales es una quimera, se requieren más capacidades institucionales y menos Coordinaciones.
1. El texto se puede consultar en: https://onc.org.mx/public/rednacionaldeobservatorios/public/onc_site/uploads/3años.pdf
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@GerBonilla
