Por: Fernando Acosta Chávez
Una de las novedades del pasado proceso electoral fue la aplicación de la prisión preventiva oficiosa por delitos asociados al uso de programas sociales con fines electorales. La discusión y aprobación de esta disposición estuvo marcada por distintas posturas, desde la celebración como medida a favor de la democracia hasta preocupación por las implicaciones negativas en cuestión de derechos humanos.
Además de las consideraciones anteriores, el seguimiento y evaluación de esta medida está pendiente. La efectividad de la prisión preventiva oficiosa en los delitos electorales no puede conocerse hasta el momento. La creciente inseguridad, la desconfianza y los altos índices de impunidad conforman algunos de los principales elementos que rodearon la aprobación de tal medida. Sin embargo, se requiere avanzar en discernir, con datos o evidencia, si esta nueva disposición ha permitido observar un menor número de delitos electorales.
Así como la evidencia es necesaria para evitar lesionar los derechos de las personas acusadas de la comisión de un delito, se requiere información del número de casos en los que se aplicó la prisión preventiva oficiosa y su posible relación con los delitos electorales que se cometen, para evaluar sus posibles efectos. Es aquí en que aparece una de las debilidades del tema, la escasa información disponible.
Un rápido examen de la información que publica la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en su informe mensual de actividades que envía al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, indica que el tema de la prisión preventiva oficiosa no aparece. El informe más reciente al momento de escribir esta nota corresponde a abril de 2021. Ahí se reporta el total de carpetas de investigación iniciadas relacionadas con delitos electorales del fuero federal.
En el informe sobresale la ausencia de referencias al número de casos en los que se aplicó la prisión preventiva oficiosa. Lo anterior, a pesar de que, entre las principales conductas denunciadas en las carpetas de investigación iniciadas en abril del presente año, 4% corresponden a “ejercer presión sobre los electores, utilizando programas sociales” y otro 4% a “permitir el uso de programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado”.
Es importante contar con la información sobre el uso de la prisión preventiva oficiosa a la par que se tienen datos de la incidencia delictiva en el tema electoral. Es necesario conocer cómo se relaciona la evolución del número de delitos electorales que tienen que ver con el uso de programas sociales y el uso de esta medida en ámbitos como el estatal y los municipios y alcaldías.
La disponibilidad de datos aportaría elementos para dar seguimiento y evaluar la implementación de esta medida. Es relevante analizar si puede atribuirse a la presencia de esta disposición y al posible incremento en las tasas de imputados con prisión preventiva oficiosa la disminución en las tasas de delitos electorales relacionados con el uso de programas sociales.
Un análisis sofisticado buscaría señalar si existe una relación causal que muestre que la existencia e incremento del uso de la prisión preventiva oficiosa se relaciona con disminuciones en los delitos electorales que involucran el uso de programas sociales. Por el momento, la ausencia de datos en este tema no permite avanzar en siquiera en conocer el uso de la prisión preventiva oficiosa por entidad federativa en el reciente proceso electoral.
Al igual que en otros delitos, el análisis del uso de la prisión preventiva oficiosa en temas de programas sociales y elecciones debe tratarse desde la evidencia y los datos. Debemos dejar de proponer medidas desde la suposición o la simple creencia de que, en este caso, encarcelar imputados mejorará nuestra democracia.
Además de las consideraciones anteriores, el seguimiento y evaluación de esta medida está pendiente. La efectividad de la prisión preventiva oficiosa en los delitos electorales no puede conocerse hasta el momento. La creciente inseguridad, la desconfianza y los altos índices de impunidad conforman algunos de los principales elementos que rodearon la aprobación de tal medida. Sin embargo, se requiere avanzar en discernir, con datos o evidencia, si esta nueva disposición ha permitido observar un menor número de delitos electorales.
Así como la evidencia es necesaria para evitar lesionar los derechos de las personas acusadas de la comisión de un delito, se requiere información del número de casos en los que se aplicó la prisión preventiva oficiosa y su posible relación con los delitos electorales que se cometen, para evaluar sus posibles efectos. Es aquí en que aparece una de las debilidades del tema, la escasa información disponible.
Un rápido examen de la información que publica la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en su informe mensual de actividades que envía al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, indica que el tema de la prisión preventiva oficiosa no aparece. El informe más reciente al momento de escribir esta nota corresponde a abril de 2021. Ahí se reporta el total de carpetas de investigación iniciadas relacionadas con delitos electorales del fuero federal.
En el informe sobresale la ausencia de referencias al número de casos en los que se aplicó la prisión preventiva oficiosa. Lo anterior, a pesar de que, entre las principales conductas denunciadas en las carpetas de investigación iniciadas en abril del presente año, 4% corresponden a “ejercer presión sobre los electores, utilizando programas sociales” y otro 4% a “permitir el uso de programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado”.
Es importante contar con la información sobre el uso de la prisión preventiva oficiosa a la par que se tienen datos de la incidencia delictiva en el tema electoral. Es necesario conocer cómo se relaciona la evolución del número de delitos electorales que tienen que ver con el uso de programas sociales y el uso de esta medida en ámbitos como el estatal y los municipios y alcaldías.
La disponibilidad de datos aportaría elementos para dar seguimiento y evaluar la implementación de esta medida. Es relevante analizar si puede atribuirse a la presencia de esta disposición y al posible incremento en las tasas de imputados con prisión preventiva oficiosa la disminución en las tasas de delitos electorales relacionados con el uso de programas sociales.
Un análisis sofisticado buscaría señalar si existe una relación causal que muestre que la existencia e incremento del uso de la prisión preventiva oficiosa se relaciona con disminuciones en los delitos electorales que involucran el uso de programas sociales. Por el momento, la ausencia de datos en este tema no permite avanzar en siquiera en conocer el uso de la prisión preventiva oficiosa por entidad federativa en el reciente proceso electoral.
Al igual que en otros delitos, el análisis del uso de la prisión preventiva oficiosa en temas de programas sociales y elecciones debe tratarse desde la evidencia y los datos. Debemos dejar de proponer medidas desde la suposición o la simple creencia de que, en este caso, encarcelar imputados mejorará nuestra democracia.
Subdirector de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano
@Fernand0_Acosta
@Fernand0_Acosta
Referencias
FEDE (2021). Informe mensual de actividades. Abril 2021. Disponible en: http://www.fepade.gob.mx/work/models/fepade/informes/2021/Abril2021.pdf
