Por: Manuel Emilio Hoyos Díaz
Durante años en Sonora vivimos en aparente tranquilidad. A partir de 2007 el repunte de la violencia se hizo presente, llegando a las 308 carpetas de investigación por homicidio doloso; en 2010 se iniciaron 654 carpetas; mientras que al corte de octubre de 2020 se tiene registro de 1,097 carpetas y 1,329 víctimas de homicidio.
Hace quince años, la desaparición de José Alfredo Jiménez Mota, reportero del periódico El Imparcial, marcó un antes y un después en las historias de terror en nuestro estado. La violencia empezó a hacerse presente, fue una especie de concesiones entre el Estado y la criminalidad, o por lo menos era la percepción que se tenía en una tierra que estaba en medio de una guerra contra las drogas impulsada por el gobierno federal.
En la entidad, tan solo de enero a octubre del presente año, asesinaron a 31 niñas, niños y adolescentes, mientras que en el mismo periodo de 2019 fueron 16; así como a 17 policías en el periodo de enero a noviembre, principalmente de los municipios de Guaymas (5) y Cajeme (4), en comparación con los 21 policías asesinados en el mismo periodo de 2019. El olor a impunidad se hace presente.
Si bien la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública de Sonora no es nueva, en agosto de 2019, los responsables en la materia de los distintos órdenes de gobierno anunciaron un acuerdo que fortalece la intervención militar, argumentando principalmente la infiltración de las Policías locales por parte del crimen organizado, así como un déficit de 40% en el estado de fuerza.
El plan de seguridad comenzó a implementarse en los municipios de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme y Navojoa, donde los mandos fueron sustituidos por militares, a excepción de este último. Sin embargo, actualmente solo en Hermosillo, Guaymas y hace pocas semanas nuevamente en Cajeme cuentan con un mando militar, y no existe información pública que permita monitorear los avances de dicho plan.
Cabe señalar que en estos 5 municipios se concentra el 70% de los homicidios dolosos de la entidad, y que ante la falta de una política de seguridad clara y los altos índices de impunidad, la violencia se está extendido hacia Caborca, Altar y Pitiquito, donde cada vez es más común escuchar y leer en los medios sobre ataques que impactan en la vida de la comunidad.
El hartazgo ciudadano se hace presente, a la par de que la normalización de la violencia empieza a hacer estragos. Pero ¿por qué no avanzamos en materia de seguridad? La respuesta es compleja, una hipótesis es la ausencia de un enfoque sistémico y transversal para atender la problemática, partiendo de un diagnóstico preciso. Para ello se requiere superar los temas políticos y poner en el centro a las víctimas, escucharlas, además de apoyarse en el conocimiento técnico.
El analizar la inseguridad como un hecho de culpas políticas genera rendimientos en la creación de discursos, pero los problemas continúan. En democracia, estos argumentos políticos son recurrentes durante los procesos electorales, y al inicio de la gestión de las autoridades electas, principalmente si hay alternancia de partido en el poder.
Además, persiste una falta de dirección y de fortalecimiento de nuestras instituciones locales de seguridad y procuración de justicia, así como la resistencia de transitar del enfoque de seguridad pública a uno de seguridad ciudadana. Necesitamos que la política de seguridad sea una política de estado y no de gobierno, que transcienda y construya.
En 2021, en Sonora viviremos un proceso electoral para renovar al ejecutivo estatal, alcaldías y legislaturas. Uno de los objetivos más relevantes para quienes resulten electas y electos debe ser reducir la violencia y la impunidad. La solución no está en analizar el fenómeno delictivo al sentir de la temporada electoral, ni con abrazos ni con balazos, ni con críticas de quienes implementaron las fallas que siguen sin corregirse.
Necesitamos que quienes aspiren a gobernar Sonora generen propuestas serias en materia de Seguridad, que se articulen con nuestro sistema de Justicia; y que las personas que resulten electas tomen decisiones con base en evidencia y no en ocurrencias.
Por nuestra parte, como sociedad, debemos seguir exigiendo, pero sobre todo participando en causas que ayuden a mejorar las condiciones de nuestra comunidad. Para ello se requiere que las autoridades entiendan que la colaboración es fortaleza y la oposición comprenda que analizar la seguridad solo desde la política electoral no es beneficioso para nadie.
@EmilioHoyos777
@ObservSonoraSeg
