El 13 de mayo de 2022 se publicaron reformas en el Diario Oficial de la Federación a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP). A partir de esta reforma se creó el Centro Nacional de Identificación Humana el cual será una unidad administrativa con independencia técnico-científica, adscrita a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación.
El problema al que debe brindar atención el centro es conocido ya por todos. Nada lo resume como aquella frase pronunciada por el exsecretario Durazo que decía que México se había convertido en un panteón. Entre 2019 y 2022 tenemos conocimiento de poco más de 130 mil homicidios dolosos y una cantidad desconocida de restos no identificados. Corrijo al hoy gobernador: el país sigue siendo un panteón.
Aunque la ley solo refiere la función del centro como una de interconexión y compartición de información entre los elementos del sistema, se presume que el centro contribuirá a la búsqueda e identificación de restos humanos mediante el análisis individualizado y masivo de muestras a partir de la creación de infraestructura forense complementaria.
El centro pretende aumentar la capacidad gubernamental de identificar restos. Esta función reside originalmente en las instituciones de servicios periciales y servicios médico-forenses del ámbito estatal y federal cuyas capacidades resultan muy variables tal como documentó el ONC en el informe Desapariciones forzadas e involuntarias: Crisis institucional forense y respuestas colectivas frente a la búsqueda de personas desaparecidas.
En un capítulo del libro ADN, protagonista inesperado coordinado por Vivette García, Vélez y Vélez (2022) argumentan que las decisiones de infraestructuras forenses deben pensarse a la luz del fenómeno criminal y de las carencias estatales vigentes. Las características de los restos y su estado de conservación demandan personal, equipamiento y procesos específicos que no siempre están disponibles donde y en la cantidad deseada.
El Centro Nacional tiene como antecedentes un par de centros regionales ubicados en Coahuila y Jalisco. Pero, el nacional constituye un desafío de mucha mayor escala que amerita la solución de tres retos relativos a su sostenibilidad.
El primero es el financiamiento. Aunque se diga a los cuatro vientos que no hay un límite para los recursos destinados a este tema, la realidad es que las instituciones funcionan siempre bajo restricciones presupuestarias. Se dice que este centro funcionó a partir de reasignaciones de programas de la CNB según Tzuc (2022)1. En otras palabras, no fueron nuevos recursos sino unos que iban a ocuparse para otro fin.
El reto para los tomadores de decisión es cómo lograr que el centro sea menos sensible a los vaivenes políticos y económicos, ya que es un proyecto que no genera ingresos propios. ¿Será posible que las agencias de ayuda internacional ahora sí donen recursos para personal y equipamiento? Son ya varias las convocatorias que prohíben esta clase de apoyos y priorizan la creación de protocolos y diagnósticos que ya existen o que son inaplicables.
El segundo reto consiste en cómo garantizar la suficiencia de personal capacitado. Este es un mercado laboral reducido en el que un puñado de especialistas participa y que, en general, reciben sueldos poco competitivos en los servicios periciales y médico forenses estatales según el diagnóstico del ONC.
En la medida que los salarios ofrecidos por el centro nacional resulten atractivos, eso debilitará a los ya precarios servicios periciales y forenses estatales en detrimento de otras funciones que estos desempeñan. Recordemos que el rango salarial promedio indica que 3 de cada 4 personas que laboran en estas instituciones ganan entre 5 y 20 mil pesos al mes.
El tercer reto es implementar un modelo de operación para generar y compartir la información. Se presentarán dificultades técnicas para homologar la calidad de los datos antemortem y postmortem provenientes de las herramientas e instituciones del SNBP así como establecer procesos rigurosos y confiables para confrontar los datos.
A su vez, el modelo de operación tendría que resolver un problema muy sencillo, pero que presumo será muy recurrente en el día a día. Supongamos que se encuentran restos humanos en una entidad y que se le da aviso a las autoridades. ¿Quién tomará y procesará las muestras? ¿Quién realizará la identificación? ¿El servicio médico forense de la entidad o el centro nacional? ¿Quién le informa a quién? ¿Quién será el responsable ante algún familiar que reclame los restos? ¿Quién guarda la información?
En suma, sugiero que antes de que se realice la primera identificación tal como se afirmó el pasado 9 de agosto, por lo menos haya más claridad sobre el financiamiento, el personal y el modelo de operación del centro. De lo contrario seguiremos entre azul y buenas noches.
@VelezManuel
