Por: Jorge A. Charles Coll
Cuando se habla sobre la correlación entre pobreza e incidencia delictiva es muy probable que premeditadamente o de manera involuntaria se caiga en generalizaciones que pueden ser discriminativas o estigmatizantes para una parte de la sociedad que representa más de la mitad de los habitantes de nuestro país.
Según datos del CONEVAL, en 2018 había 61.1 millones de mexicanos por debajo de la línea de pobreza de ingresos, es decir, su ingreso mensual es menor a $3,283 pesos en el ámbito urbano y $2,150 en el rural. Sin embargo, el mismo CONEVAL señaló a mediados de 2020 un incremento de entre 10 y 12 millones de personas por debajo de la línea de pobreza, derivado de la crisis económica detonada entre otras cosas por la pandemia del COVID-19. Lo anterior significa que México se perfila a tener entre 71 y 73 millones de personas por debajo de la línea de pobreza por ingresos, esto es 54-56% de la población total.
En este contexto, es imposible afirmar una correlación directa entre probreza e incidencia delictiva, por mera probabilidad uno de cada dos individuos en nuestro país cuenta con esa condición socioeconómica. Algunos especialistas en seguridad como Alejandro Hope1 estiman que aproximadamente 120 mil personas son responsables del 80% de los delitos que se cometen en el país.
Aún asumiendo (incorrectamente) que todos ellos fueran cometidos por personas en condición de pobreza, estos representarían apenas el 0.01% de la población por debajo de la línea de pobreza. Intreprétese esto en el sentido de que al menos el 99.99% de las personas en condición de pobreza no cometen delitos.
Las actividades delictivas de por sí son variadas y cubren una enorme diversidad de conductas, desde los delitos menores del fuero común, los de alto impacto, los relacionados con grupos de delincuencia organizada, sin olvidar los de cuello blanco. Esto hace complejo poder definir las causas que propician que un individuo incurra en actividades ilícitas.
Existen diversos factores de riesgo que van desde los personales y psicológicos; la violencia en el núcleo familiar; los relacionados con el entorno inmediato como el asinamiento, las condiciones de la vivienda, el acceso a espacios públicos; o bien los relacionados con el precario acceso a servicios públicos como la educación, la salud, las guarderías, los espacios deportivos y culturales, entre otros.
Aquí es donde la pobreza entra en escena, ya que muchos de los factores que condicionan, propician y detonan los comportamientos delictivos, también se presentan en entornos de pobreza y marginación, por ello la falsa conclusión de pensar que existe una correlación directa entre pobreza y criminalidad.
Si analizaramos el origen socieconómico de las personas recluidas en los centros penitenciarios, encontramos una población mayoritariamente proveniente de los estratos de ingreso más bajos. Sin embargo, esto se puede deber en buena medida a la naturaleza de los delitos de los que se les acusa y a las limitaciones de su defensa legal.
El factor que propicia de manera más importante las actividades delicitivas es la enorme impunidad que existe en el país. En México, se denuncian en promedio 5 de cada 100 delitos que se cometen, de esos, en promedio el 12% derivan en algún tipo de investigación con resolución final, lo anterior significa que existe en promedio una impunidad del 99.3%. Según reportes como el Índice Global de Impunidad2, realizado por la Universidad de las Américas Puebla, México se ubica en cuarto lugar mundial y primero en latinoamerica en impunidad.
Por otra parte, se estima que el delito de corrupción cuesta a México el equivalente al 10% del PIB lo que debe representar un costo muy superior a lo robado en mercancías o asaltos en todo el país. Si bien los delitos de cuello blanco no se asocian típicamente con la violencia, no dejan de ser conductas delictivas que llevan a cabo con mayor frecuenca individios que no se encuentran en condición de pobreza. Aunado a ello, no existe una asociación entre los estados más violentos o con mayor criminalidad y la prevalencia de la pobreza en dichas entidades.
La crisis económica que vivimos en estos momentos exacerbará muchos de los factores de riesgo asociados a la delincuencia, entre ellos, el desempleo y la falta de oportunidades, a lo que debemos agregar contexto de alta impunidad y poco riesgo percibido.
Es importante sentirnos preocupados e indignados por vivir en un país en el que más de la mitad de los habitantes viven en condición de pobreza. Debemos de ver a la pobreza como el resultado de nuestras deficiencias como democracia y no como la causa de los problemas que nos aquejan en materia de seguridad.
Director Ejecutivo del Observatorio Ciudadano Tampico, Madero, Altamira A.C.
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