Lucía Frausto Guerrero

En Baja California Sur la denuncia de violencia familiar aumentó en 2019 en un 40% con respecto al mismo trimestre de 2018. La cifra registrada en el tercer trimestre de 2018 fue de 515 carpetas, mientras en 2019 fue de 741 carpetas. La cifra negra en BCS es del 87%, así pues, el numero total de agresiones se acerca a los 6,000 delitos en un trimestre.

A esto hay que sumar que el daño físico, psicológico y emocional causado inhibe aún más la denuncia de este delito al tener al enemigo en casa. La violencia familiar afecta a los miembros mas vulnerables quienes llegan a paralizarse por el miedo permitiendo el aumento del abuso y tipo de abuso.

Este delito es considerado de bajo impacto, pero es fundamental el seguimiento puntual de estas denuncias, apoyo psicológico, cero tolerancia ante el delito y toda la información y educación necesaria, ya que su progreso puede derivar en la muerte.

La confianza que nuestras instituciones públicas otorguen a la víctima proporcionando acompañamiento, seguimiento y solución con acciones contundentes es primordial para detener y disminuir este delito que nos habla de un problema social profundo. Las causas principales son la falta de tolerancia y el consumo de droga y/o alcohol.

La política pública en programas de prevención debe ser permanente y abarcar todo el territorio y aquí es donde el conocimiento y organización de la sociedad puede colaborar y comprometerse con mejores resultados. El que en nuestra casa y en nuestro entorno cotidiano no vivamos violencia familiar nos hace indiferentes ante un problema que existe en muchos hogares mexicanos.

Para que los programas de política pública federal tengan éxito e impacto en lo local hay que hacernos conscientes y responsables de nuestro papel como sociedad civil organizada comprometiéndonos a una colaboración estrecha con el sector público.

El acceso a la información y el análisis de datos nos da a los observatorios herramientas claras para incidir en política pública. Este enero en BCS la PGJE inició una campaña de prevención de violencia familiar, como violencia física, sexual, emocional o económica, con psicólogos especialistas para la comunidad escolar.

En estados como BCS, que fomentan el turismo como actividad económica con crecimiento rápido y exponencial necesitamos fortalecer el sentido de comunidad y fomento de valores humanos, ya que no siempre los intereses privados externos de inversión van en congruencia con los de una comunidad local. Dentro de los índices delictivos, la trata de personas en esta entidad aumentó en un 95% en el tercer trimestre de 2019.

Esta cifra grita un llamado de atención urgente a la acción. Si bien el crecimiento y desarrollo nos beneficia debemos estar en atención y dedicación completa a que este crecimiento y desarrollo se refleje en la misma proporción en bienestar común.

Directora general del Observatorio Ciudadano Como Vamos La Paz
lucia@comovamoslapaz.org

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