Por: Manuel Vélez
En menos de un mes fueron asesinados dos líderes empresariales. La primera víctima fue Minerva Pérez Castro quien ocupó el cargo de presidente en la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Baja California, pero además era dueña de la empresa Atenea en el Mar. La segunda víctima fue Julio Almanza quien era presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (FECANACO) en Tamaulipas.
Ambos se atrevieron a denunciar públicamente la extorsión de la cual eran víctimas las unidades económicas dedicadas al comercio al menudeo y a la pesca. Aunque para la estadística oficial estos homicidios pasarán desapercibidos entre las que probablemente serán 2 mil 400 o 500 víctimas registradas en julio, sus muertes son un reflejo prístino de que un México en paz y seguro está lejos de lograrse y de que el régimen de gobernanza criminal al que está sujeta la vida social y económica está ganando fuerza.
Nada de estas dinámicas criminales es aprehensible con la lectura ramplona de las estadísticas de incidencia delictiva a la que nos tienen acostumbrados el gobierno federal. Pero, además, resultan indignas las declaraciones en las que, tras conocerse las muertes de estos líderes empresariales, las autoridades se comprometen a esclarecer los hechos cuando las víctimas denunciaron hasta el cansancio lo que sucedía en cada sector en meses previos. El plomo mandó un mensaje tan claro como contundente de que las amenazas van en serio. Quien sea que ose salir a pedir o casi mendigar ayuda de las autoridades, ahora ya sabe que tiene las horas contadas. Poco a poco impera la ley del silencio, también llamada omertà en italiano.
Los regímenes de gobernanza criminal ligados tanto a economías lícitas como ilícitas que estamos observando en buena parte de los sectores depredan la actividad económica, elevan los costos de transacción e inclinan la balanza hacia la ilegalidad. Por ejemplo, de acuerdo con testimonios que hemos recuperado en el ONC, identificamos que quienes se dedican a la pesca ilegal encuentran en el pago de la extorsión un medio de protección que mata cualquier incentivo de adherirse a las normas pesqueras. En cambio, el pescador legal o casi legal que no paga extorsión, encuentra no solo condiciones más difíciles para producir sino para colocar su producto en el mercado debido al traspaso a través de los precios de la extorsión.
Por su parte, las extorsiones presenciales dirigidas a comercios al menudeo limitan la oferta de bienes y servicios en detrimento del bienestar social. No hay ejemplo más claro que el cierre de operaciones de tiendas de autoservicio en zonas de Tamaulipas. El ONC también conoce de situaciones similares en el Estado de México. A pesar de que hoy ya las tiendas en cuestión reiniciaron operaciones, lo hacen a un costo mucho mayor y con la amenaza latente de que ataquen alguna de las instalaciones o atenten contra el personal de la empresa.
Los dos homicidios nos deben recordar que por más mensajes de optimismo sobre las grandes oportunidades que vienen para México gracias al nearshoring; en el terreno, será casi imposible dejar de compartir esa abundancia con quienes a base de violencia y miedo depredan sus activos tangibles e intangibles. .
No dudo que aun descontando el riesgo que supone operar en un país con esta clase de regímenes de gobernanza criminal, sobrevivan suficientes empresas y proyectos de inversión. Por lo tanto, este periodo de bonanza potencial también constituye una oportunidad muy atractiva para los actores estatales y no estatales involucrados en esquemas extorsivos quienes, ante los riesgos prácticamente inexistentes de ser sancionados, escalen sus actividades. Este es el gran reto detrás de fenómenos criminales complejos: llaman la atención cuando es demasiado tarde.
Subdirector de Investigación del ONC
@VelezManuel
