Derecho de las mujeres a votar y ser votadas sin violencia

En el 2018, el Observatorio Nacional Ciudadano a través del estudio Delitos Electorales: Incidencia y evolución más allá de los partidos políticos , puso énfasis en dos argumentos centrales: a) para la sociedad mexicana los delitos electorales aún se encuentran fuera de la narrativa del proceso democrático que el país necesita; y b) la violencia política, especialmente en contra de las mujeres, es un recurso cada vez más visible en cada uno de los procesos electorales.

En el proceso electoral 2020-2021 por primera vez se contempló como delito electoral la violencia política contra las mujeres por razones de género. De acuerdo con el Protocolo del INE para la atención de esta modalidad de violencia, ésta comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. Este tipo de violencia puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida

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Respecto a este último argumento, Lena y Restrepo

mencionan que este tipo violencia es un fenómeno que aún se encuentra en un proceso de reconocimiento incipiente debido a la reciente configuración de espacios para que las mujeres participen de manera activa en cada uno de los procesos electorales del país. Este tipo de violencia atenta en particular contra el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, pero en lo general contra la democracia mexicana.

Hasta el momento, más allá de los fatales casos como el de Alma Barragán en Michoacán o el de Ivonne Gallegos en Oaxaca, se desconoce un número definido de amenazas cometidas en contra de otras candidatas en esta última elección. Sin embargo, es claro que las redes sociales y otros medios de comunicación son un medio idóneo al proporcionar anonimidad y libre expresión a los agresores. De manera particular, el caso de la candidata Mónica Rangel de Morena en San Luis Potosí o el de Laura Carmona del PRI-PRD en Michoacán, son ejemplos del gran reto que representa para las autoridades el garantizar procesos electorales fuera de estereotipos, seguros y observados.

En el primer caso, Rangel mencionó en repetidas ocasiones que, durante toda su campaña política, sus adversarios solían recurrir a expresiones en su contra que estaban cargadas de estereotipos derivados de su condición de mujer. Por ejemplo, hacían énfasis en que algunos grupos de poder no querían que una mujer con sus convicciones llegara a la gubernatura del Estado. De manera formal, el 8 de marzo la candidata denunció la filtración de un proyecto de dictamen relacionado con la revisión de gastos de precampaña, cuya sanción resultaría en la cancelación de su candidatura, lo que calificó como violencia política por razones de género.

Por su parte, el 25 de abril pasado, Carmona también presentó una denuncia ante el Instituto Electoral de Michoacán en contra de quien resulte responsable por el envío de mensajes privados. La candidata mencionó ante distintos medios, que en su mayoría estos hacían alusión a referencias corporales, agresiones y amenazas en contra de ella y de su familia.

En ambos casos, se desconoce el avance de ambas carpetas de investigación, así como quiénes fueron los probables responsables. Sin embargo, estas referencias permiten dimensionar la complejidad que supone la construcción de mecanismos institucionales que prevengan la presencia de acciones u agresiones en contra de candidatas o servidoras públicas por ser mujeres.

En las siguientes semanas, el ONC presentará los hallazgos más relevantes derivados del estudio etnográfico realizado en medios digitales en torno a algunos casos identificados por violencia política por razones de género. Este análisis es resultado de un ejercicio de observación electoral auspiciado por el INE. A grandes rasgos, la evidencia indica que la cifra negra es elevada y que los manuales y campañas de difusión dirigidas por las diferentes autoridades para evitar estas agresiones, aún están lejos de impactar en las redes sociales y en otros tipos de comunicación.

1 INE, Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las mujeres por razones de género, 2017.

2 Lena, M; Restrepo, J.; Género y violencia política en América Latina, conceptos, debates y soluciones. Política y Gobierno, vol. 23, no.2, 2016