A nivel mundial, la prohibición de la planta de cannabis fue una estrategia impulsada por Estados Unidos desde principios del siglo XX y que gradualmente impactó el régimen internacional con el establecimiento de la Convención Única sobre Estupefacientes firmada en 1961. Desde entonces, el consumo de la planta, por lo tanto, ilícito, ha provocado la creación de un mercado no regulado cuyas consecuencias han sido el establecimiento de rutas y control de territorios por parte del crimen organizado, con el fin de dar oferta (no regulada) a la alta demanda de esta y demás sustancias.
A la prohibición le han correspondido esfuerzos que procuran demostrar los beneficios de la planta en su uso medicinal, uso adulto, industrial y terapéutico. En México, estos esfuerzos han logrado, a través del litigio estratégico de la sociedad civil, la jurisprudencia y declaratoria de inconstitucionalidad de las regulaciones que penalizan su uso, afectando particularmente a la Ley General de Salud. En el ámbito internacional, recientemente las Naciones Unidas retiraron al cannabis de la lista IV de narcóticos de riesgo y escaso o nulo valor terapéutico, abriendo la puerta a la investigación y des-estigmatización de la planta.
Esto es de suma importancia ya que, debido a la prohibición, se han normalizado conductas por parte de la autoridad pública que minan los derechos humanos de la población. Para las y los jóvenes, las detenciones arbitrarias e inspecciones de rutina por posesión o sospecha de posesión de cannabis han provocado espacios para la extorsión e incluso prisión, lo que impacta la confianza en las instituciones y el plan de vida de las personas. De igual forma, las mujeres y las comunidades han sido afectadas por estas políticas prohibicionistas, al ser recurrentemente cooptadas por organizaciones del crimen organizado con fines de siembra y distribución de esta y otras plantas.
Ante este panorama, la próxima pero interminablemente aplazada regulación del cannabis se discute en el Congreso de la Unión. La propuesta de ley presentada por la Cámara de Senadores, ahora en Cámara de Diputados, mantiene esquemas de criminalización para las personas usuarias. Si bien los topes establecidos son de 28 gramos para la flor, y seis plantas para el autocultivo, movimientos y organizaciones de sociedad civil piden que se eliminen de facto estos límites, ya que protegen el mercado restringido mediante permisos, y dan pie a continuar las prácticas nocivas por parte de la autoridad pública, además de aplicar multas pecuniarias altas para la mayoría de la población en caso de rebasar estos límites.
Cabe rescatar que la regulación obligatoria por jurisprudencia, también tuvo eco en las promesas de campaña tendientes a la paz y a la justicia social en un país atormentado por el crimen organizado. Por lo que, debemos preguntar ¿qué tipo de medidas de no repetición se deben implementar aprovechando la coyuntura? ¿Qué tipo de protocolos de actuación se deben articular posterior a la legalización para proteger los derechos humanos de la población usuaria y no usuaria? ¿Cómo reivindicar el patrimonio e historias de vida de las comunidades vulneradas por el crimen organizado?
La Ley de Amnistía presentada pretende la liberación de personas encarceladas por delitos de consumo y posesión de cannabis. Sin embargo, los efectos de la prohibición son de carácter no sólo individual sino comunal. La regulación puede dar lugar a reivindicaciones con el campo, significando fuentes de empleo e innovación para el aprovechamiento textil e industrial de la planta. Sobre todo, puede impactar en la salud pública y en el manejo de información científica, frente a las actuales campañas nocivas de la Estrategia nacional para la prevención de las adicciones. Lo que sí generaría condiciones de paz y justicia social en el país.
@JessicaLechugaH
