Por Arturo Peláez Gálvez
¿Dónde está la autoridad del Estado? En el cielo, en la tierra y en todo lugar dentro de su espacio soberano, o no.
Los tramos carreteros más importantes del país actualmente son canales de circulación de ansiedad y miedo para conductores y transportistas; y son vías de impunidad para organizaciones criminales cada vez más potentes.
Hace pocos años, empezó como un secreto a voces entre miembros del sector del transporte en México y estalló como incómoda verdad el pasado 15 de febrero de 2024. Ese día miles de unidades de transporte de carga realizaron un paro nacional cuya principal demanda fue la seguridad de los transportistas, que son víctimas frecuentes del robo de mercancías y de las unidades de transporte.
El paro comenzó con el desplazamiento a marcha lenta de las unidades agremiadas a una organización de alcance nacional de transporte. Como segunda fase, ocurrió el paro total, lo que paralizó la circulación de miles de vehículos particulares e inhabilitó el transporte de pasajeros en todas las entradas de acceso a la Ciudad de México, y en puntos clave de los estados de las autopistas México-Querétaro; México- Pachuca; México-Puebla; México-Acapulco; Guadalajara-Manzanillo; en la carretera Transístmica; así como en las ciudades de Nuevo León, Guadalajara y Tlaxcala.
Ese paro de transportistas de carga logró llamar la atención de la persona que actualmente es titular del Ejecutivo Federal quien acusó propósitos “politiqueros” detrás de la movilización, pero no aportó alguna evidencia al respecto. De lo que sí hay evidencia, es de manifestaciones previas en otros sectores del ramo del transporte, como la iniciativa de transportistas de pasajeros en el estado de México que, en agosto del año pasado, organizaron grupos de autodefensas frente a la extorsión que padecen.
En otras latitudes del país, el clima de inseguridad carretera es evidente como la peligrosidad de los tramos carreteros Zacatecas-Cuencamé, o el Durango-Mazatlán que han logrado trascender en la prensa, pese a la autocensura que se imponen los medios locales para no incomodar a las organizaciones criminales que controlan la circulación en esos segmentos. Si algún funcionario no está dispuesto a creer en el riesgo de circular por esas zonas, tiene toda la libertad de emprender la marcha por ese circuito, hacerlo sin escoltas y venir a contar su experiencia de sobrevivencia, si es que lo logra.
Estos son los rasgos visibles de un país en el que algunas autoridades construyen la ficción mental de un país en el que la seguridad solo existe en las estadísticas que a cada estado le parece bien reportar. Por ejemplo, cómo es posible que durante el año 2023 el estado de México reportó oficialmente 4 mil 241 casos de robo a transportistas, mientras que el vecino Guerrero informó la cantidad de cero casos durante ese mismo periodo.
Obviamente no es la fortaleza institucional de Guerrero la que explica la ausencia de carpetas de investigación, sino la captura criminal de los espacios más vitales de una sociedad en la que, por cierto, los obispos locales recientemente salieron a presumir los acuerdos alcanzados con los líderes de bandas mafiosas con el deseo de alcanzar una paz a partir de la capitulación de las autoridades locales y federales.
Este es el complejo contexto de movilizaciones sociales que han recibido con desagrado un comunicado de prensa de la Secretaría de Gobernación, que expresa su sentida voluntad para “privilegiar el diálogo con el gremio transportista”. El único defecto de ese planteamiento es que los transportistas y los transportados ya se encuentran ahogados en la certeza de que no hay gobierno, no al menos en las carreteras mexicanas.
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
@PelaezGalvez
