Por: José Carlos de Arcos Zavala
En 2019, con la llegada de las nuevas administraciones al ejecutivo del estado de Baja California y sus cinco Municipios, así como la mayoría en el Congreso local, todos del mismo partido, se pensaba que existiría una coordinación en la implementación de políticas públicas enfocadas en la solución de problemas que atañen a los ciudadanos. De estos, antes de la llegada del COVID 19, el principal problema por atender desde hace años ha sido la inseguridad.
De acuerdo con datos del SESNSP, durante el 2020 Baja California se posicionó como el primer lugar en homicidios dolosos, robo de vehículos y trata de personas. En el caso de los homicidios dolosos se registró una tasa de 70.82 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, siendo esta 302% mayor que la tasa nacional. Aunado a ello, Tijuana se posicionó como el segundo municipio a nivel nacional en feminicidios.
El narcomenudeo, delito relacionado con el homicidio doloso, se posicionó en segundo lugar, con una tasa de 265.90 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, siendo 441% mayor que la tasa nacional.
Durante el primer trimestre de 2020, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el 85.6% de la población de Tijuana manifestó sentirse insegura, mientras que en la capital (Mexicali) el 61.6%. En el último trimestre del año los números no variaron de forma significativa, 82.4% en Tijuana y 63% en Mexicali.
En un año donde la incidencia delictiva bajó en términos generales en todo el país, principalmente atribuido a la reducción de la movilidad ocasionada por la pandemia, Baja California no fue la excepción; sin embargo, los datos se mantienen por arriba de la media nacional en trece de quince delitos que analiza el observatorio ciudadano local.
Una de las posibles respuestas del porqué de la crisis es la poca o nula coordinación entre las autoridades municipales y el ejecutivo estatal. En primera instancia los altos índices delictivos así lo demuestran; por otra parte, las críticas desde el gobierno del Estado sobre las estrategias de seguridad de los municipios de Tijuana y Tecate.
La crisis se agudizó con la salida de Tijuana de la mesas de seguridad, las cuales se integran por representantes de los tres niveles de gobierno con la finalidad de establecer estrategias y coordinar esfuerzos para reducir la incidencia delictiva en el Estado.
En los próximos meses el reto será que, en medio del contexto electoral y sanitario derivado del COVID 19, tanto los alcaldes suplentes como quienes se encontrarán en campaña no pierdan de vista el grave problema de inseguridad en la entidad. De igual forma, el gobierno del Estado deberá tener apertura para coordinar los esfuerzos en materia de seguridad, principalmente con el Municipio de Tijuana que presenta importantes problemáticas.
En unas semanas dan inicio las campañas electorales, será importante estar atentos a las propuestas que las y los candidatos tengan en el ámbito de la seguridad. Será un primer paso para identificar qué tipo de políticas y estrategias implementarán los próximos gobiernos.
La baja en la incidencia delictiva en 2020 en comparación con 2019 puede generar la percepción equivocada de que la estrategia de seguridad y la coordinación están funcionando, cuando realmente un hecho atípico como la pandemia ha sido determinante. Sin embargo, seguramente los resultados en materia de seguridad serían otros si las autoridades locales y estatales trabajaran juntos para mejorar nuestra realidad.
Investigador de la Fundación Educando Conseguimos Paz.
Observatorio Ciudadano de Baja California.
@josecarlosdearc
@FundacionEduPaz
