Norma Angélica Bautista Santiago
En estos tiempos de emergencia sanitaria que se vive en muchas partes del mundo, casi todos los ámbitos de nuestra vida se han visto trastocados. La contingencia sanitaria es global y debido a las lógicas del sistema económico y político hegemónico, esto ha ido desordenando como en un efecto de cascada, lo local, lo personal y por supuesto, lo íntimo de nuestra cotidianidad. En la mayoría de los hogares en el mundo hoy existe una zozobra, el Covid-19. En cada hogar existe además una pregunta: ¿cómo haremos frente a esta emergencia?
En México, la estrategia de la Secretaría de Salud para hacer frente a esta pandemia cimienta su fuerza en la prevención, esta radica básicamente en el llamado ¡quédate en casa! Si bien la orden presidencial es generalizada para la población, seguirla es un asunto diferenciado.
Hay quienes no lo pueden acatar, ya sea porque realizan labores estimadas como claves para el funcionamiento del país, o porque por necesidad salen a trabajar por el sustento diario; esa es su actividad clave de subsistencia cotidiana. Hay otro grupo de población que decide, cada día, no someterse al resguardo. Apelan a que no les asusta una gripa más y justifican su estar en las calles con la famosa frase: “de algo nos vamos a morir”.
En definitiva, el éxito de la estrategia sanitaria no depende solamente de la suma de voluntades individuales. La complejidad radica, entre otras cosas, de que cada entidad federativa tiene problemáticas particulares; el reto compartido es la reacción social ante las medidas sanitarias. Sí se atribuye el éxito de una estrategia al cómo los ciudadanos acatan las medidas, es importante tener en cuenta la desigualdad social característica de nuestro país, esta define diferencias sustanciales en el combate al Covid-19.
Al menos son tres rasgos principales que podemos tomar en cuenta: el tipo de población donde radica un mexicano: (urbana y rural), el nivel de ingresos económicos que tiene y el grupo de población al que pertenece (indígena y no indígena). Estas condiciones configuran contextos de vida vinculados al acceso a las oportunidades que tiene cada persona. Es a partir de estas oportunidades que un individuo construye una plataforma de certidumbres para enfrentar una emergencia sanitaria, o de cualquier otro tipo.
En México somos alrededor de 127 millones de habitantes. De acuerdo con el INEGI la población considerada indígena ronda los 11 millones, de ellos, siete millones 382 mil son hablantes de una de las 68 lenguas indígenas que se hablan en el país. Del total de mexicanos el 78% vive en una zona urbana (metrópoli o no) mientras que el 22% vive en una zona rural.
En cuanto a la desigualdad en la distribución de la riqueza y su histórico proceso de empobrecimiento de la población, el saldo en México registra 55 millones de habitantes que se encuentran en situación de pobreza[1], 38 millones de ellos viven en zonas urbanas y 17 millones en el campo. La situación se agrava para 11.4 millones de mexicanos quienes viven en pobreza extrema, es decir, no cuentan con los ingresos necesarios para adquirir alimentos básicos y tampoco tienen acceso a servicios de salud o seguridad social, la calidad de sus viviendas es deficiente.
En un país con desigualdad social, el resguardo en casa parece asunto de gente privilegiada; de cierto modo lo es. El acceso a un empleo seguro, remunerado y con seguridad social, es restringido. En el México actual, uno de cada cinco trabajadores se encuentra en condiciones de precariedad laboral, es decir, trabaja menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a ellas, o trabajan más tiempo, pero con ingresos menores al salario mínimo. Generalmente no cuentan con seguridad social de algún tipo.
Los resultados de la estrategia de gobierno están por verse, pero es urgente que desde Palacio Nacional se diseñen acciones que den certidumbre a los mexicanos, principalmente en el orden de lo económico. Mientras tanto, el sistema de salud una vez más está a prueba. Aunque existe evidencia de otras crisis sanitarias como la influenza en 2009, el brote de Covid-19 en México es un asunto mayor que requiere aceitar todas las tuercas de este sistema. Hay fisuras abiertas que se deben cuidar, sobre todo donde hay lugares con población vulnerable, yendo un poco más allá del despliegue de la estrategia en zonas urbanas.
Por ejemplo, con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se desmanteló la operación del programa Prospera, por medio de éste la Secretaría de Desarrollo Social otorgaba recursos a casi 7 millones de familias mexicanas para fortalecer su alimentación, salud y educación. En el área de salud hay cosas que desde el 2019 continúan sin una definición clara. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca, después de que Prospera dejara de funcionar, actualmente son las `Unidades Móviles o Itinerantes´ y `las Caravanas de salud´ quienes sustituyen esta atención. Operan con atribuciones poco delimitadas.
Oaxaca es una entidad con fuerte presencia de población indígena y elevados índices de pobreza. En la región de la Mixteca Baja, son las Unidades Móviles las que atienden a la población. Mes con mes el personal médico, enfermeras y promotores de salud reciben ordenes de cómo operar, sin un rumbo específico de hacía dónde ir. La atención sanitaria se ha dificultado, además, debido a que la figura de las `auxiliares de salud´ ya no existe. Estas resultaban un actor clave en el campo de la salud comunitaria, su tarea era prevenir riesgos sanitarios mediante la concientización hábitos de vida de los pobladores de estas comunidades rurales a las que ellas mismas pertenecían.
Frente a las expectativas del brote del coronavirus, la figura de las auxiliares sería fundamental para acompañar a sus coterráneos en el entendimiento local de la estrategia nacional de combate a la pandemia. El seguimiento de indicadores sanitarios en este tipo de comunidades se ha dificultado porque, quienes fueran beneficiarios de Prospera han visto diluido el incentivo de asistir a sus consultas de seguimiento médico.
El apoyo económico que otras administraciones les otorgaban los obligaba a cumplir con los cuidados mínimos a su salud, ahora es difícil que quieran continuar el seguimiento al cuidado de su salud. Esta es la prueba de que el combate a la desigualdad social y a la pobreza no debe estar basado en el asistencialismo paternalista.
El gobierno actual no ha definido el programa de salud que sustituirá a Prospera, mientras esto pasa, la atención en el campo de la salud a los grupos de población vulnerable está en entredicho. Ante esta contingencia, el tema es más urgente que nunca.
Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano
@normaoax
[1] El ‘índice de pobreza’ generado por CINEVAL incluye dos grandes rubros: el ingreso de los hogares y las carencias sociales como son; rezago educativo, acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y cohesión social. Así la población en situación de pobreza son los que tienen al menos una carencia social y un ingreso menor al valor de la línea de bienestar. Mientras que la población en pobreza extrema tiene un ingreso menor al valor de la línea de bienestar mínima y además tiene 3 o más carencias sociales.
