Por Karla Alejandra Obregón Avelar y Cesar Osvaldo De Haro Flores
“Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas: la paz”.
-Einstein
“Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas: la paz”.
-Einstein
Durango es un estado inseguro, durante el primer semestre de 2021 se ubicó entre los primeros 10 lugares a nivel nacional en la incidencia de los siguientes delitos: robo a casa habitación (3º lugar), lesiones dolosas (7º lugar) y violencia familiar (9º lugar). Asimismo, en el delito de narcomenudeo ocupa el 12º lugar a nivel nacional, en violación y extorsión el lugar 14º, y en homicidio culposo y robo a negocio el 15º, según datos del Secretariado Eejcutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP).
Ante tal contexto, la recuperación de la paz es una urgencia en el estado y una prioridad de los duranguenses, quienes en la consulta popular realizada en 2016 para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 manifestaron la construcción de paz como una prioridad para ser considerada en la visión de desarrollo de la entidad.
Es así que, el Observatorio Ciudadano de Durango, organización social certificada perteneciente a la Red Nacional de Observatorios, impulsa la construcción de una Agenda por la Paz. Se trata de una iniciativa ciudadana que tiene como finalidad contribuir a la recuperación de la paz en Durango, a través de una serie de acciones concretas de prevención de la violencia y delincuencia.
Esta Agenda inicia con un anteproyecto de decreto de reforma constitucional del estado para el establecimiento o reconocimiento de la paz como Derecho Humano, sentando las bases jurídicas para construir a partir de ahí la armonización de otras normas entre las que desataca la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Con ello se busca la creación de un marco jurídico que facilite y permita la implementación de políticas públicas, programas y acciones para prevenir, atender y contrarrestar la violencia y delincuencia en el estado de Durango.
Desde luego, el diseño de estas políticas públicas deberá partir de un diagnóstico participativo, además de incluir una perspectiva jurídica y neurocientífica que permita una nueva visión del ser humano y del origen y causas de la violencia y la delincuencia. Esta perpectiva permitirá medir y evaluar en el corto y mediano plazo la eficacia de dichas políticas públicas.
Si bien el componente reactivo de la seguridad es importante, se destaca lo trascendente de focalizar esfuerzos y recursos en la prevención social de la violencia y la delincuencia, especialmente en la prevención terciaria que contribuya a una verdadera reinserción social.
La construcción de la paz implica del compromiso y responsabilidad de todos los sectores. La paz es más que la ausencia de violencia; la paz es de acuerdo con juristas y politólogos uno de los fines principales del Estado y del Derecho; la paz es una premisa indiscutible de una sociedad desarrollada, participativa y democrática; la paz garantiza el desarrollo de las sociedades y de las personas; la paz es una de las principales aspiraciones de todas las sociedades y del ser humano.
Por tanto, la paz debe ser reconocida como lo que es, un Derecho Humano que se consagre en la Carta Magna, nuestra Ley Suprema, y dar lugar a la construcción y armonización de un marco normativo que nos conduzca a tal fin.
Ante tal contexto, la recuperación de la paz es una urgencia en el estado y una prioridad de los duranguenses, quienes en la consulta popular realizada en 2016 para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 manifestaron la construcción de paz como una prioridad para ser considerada en la visión de desarrollo de la entidad.
Es así que, el Observatorio Ciudadano de Durango, organización social certificada perteneciente a la Red Nacional de Observatorios, impulsa la construcción de una Agenda por la Paz. Se trata de una iniciativa ciudadana que tiene como finalidad contribuir a la recuperación de la paz en Durango, a través de una serie de acciones concretas de prevención de la violencia y delincuencia.
Esta Agenda inicia con un anteproyecto de decreto de reforma constitucional del estado para el establecimiento o reconocimiento de la paz como Derecho Humano, sentando las bases jurídicas para construir a partir de ahí la armonización de otras normas entre las que desataca la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Con ello se busca la creación de un marco jurídico que facilite y permita la implementación de políticas públicas, programas y acciones para prevenir, atender y contrarrestar la violencia y delincuencia en el estado de Durango.
Desde luego, el diseño de estas políticas públicas deberá partir de un diagnóstico participativo, además de incluir una perspectiva jurídica y neurocientífica que permita una nueva visión del ser humano y del origen y causas de la violencia y la delincuencia. Esta perpectiva permitirá medir y evaluar en el corto y mediano plazo la eficacia de dichas políticas públicas.
Si bien el componente reactivo de la seguridad es importante, se destaca lo trascendente de focalizar esfuerzos y recursos en la prevención social de la violencia y la delincuencia, especialmente en la prevención terciaria que contribuya a una verdadera reinserción social.
La construcción de la paz implica del compromiso y responsabilidad de todos los sectores. La paz es más que la ausencia de violencia; la paz es de acuerdo con juristas y politólogos uno de los fines principales del Estado y del Derecho; la paz es una premisa indiscutible de una sociedad desarrollada, participativa y democrática; la paz garantiza el desarrollo de las sociedades y de las personas; la paz es una de las principales aspiraciones de todas las sociedades y del ser humano.
Por tanto, la paz debe ser reconocida como lo que es, un Derecho Humano que se consagre en la Carta Magna, nuestra Ley Suprema, y dar lugar a la construcción y armonización de un marco normativo que nos conduzca a tal fin.
Consejera fundadora y Director general
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