Por: Jessica Lechuga Huerta
En un país con altos índices de violencia y criminalidad, contar con instituciones civiles que puedan responder a las emergencias y proporcionar ayuda para la resolución de conflictos resulta elemental a fin de proteger los derechos humanos y el Estado de Derecho. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2020 del Inegi, la inseguridad es el tema que genera mayor preocupación para la población de 18 años y más en cada uno de los estados de la república.
El problema de la inseguridad se alimenta y exacerba con la poca confianza que le tenemos a las policías, las cuales son los servidores públicos que mayor presencia y alcance tienen en las calles. Sobre las instituciones de seguridad pública y de acuerdo con la encuesta mencionada, la policía de tránsito, la policía preventiva municipal y la policía estatal son las autoridades que presentan menor índice de confianza por parte de la población. Pero existe una corresponsabilidad por parte de la población para fomentar la confianza en las policías, que se vincula con limitar los actos de corrupción y promover su denuncia.
En esta encuesta y en cuanto a la percepción de corrupción en instituciones de seguridad pública, la policía de tránsito es la que mayor percepción de actos de corrupción tiene. La corrupción repercute en la confianza hacia nuestras autoridades. Sin embargo, es necesario considerar que para que un acto de corrupción exista se requiere de la participación de una contraparte. Por lo que, el hecho de que la policía de tránsito sea señalada como la institución percibida con mayor incidencia de actos de corrupción, también corresponde a una lógica donde son los que mayor contacto e infracciones por parte de los ciudadanos perciben.
Los esfuerzos institucionales, aunque no llegan a erradicar la presencia de actos de corrupción, sirven como iniciativa para la profesionalización de las corporaciones. Un ejemplo de esto es la aplicación de exámenes de Control y Confianza, en donde se aplican exámenes toxicológicos, psicológicos, socioeconómicos, médicos y poligráficos a cada uno de los elementos de las instituciones policiacas, a fin de detectar posibles actos de corrupción y fortalecer así la credibilidad, eficacia y operatividad de las instituciones de seguridad.
En este sentido, las instituciones cuentan con mecanismos para presentar quejas acerca del servicio público que brindan, así como para denunciar posibles actos de corrupción. El número del 089 permite presentar denuncia de emergencias, posibles hechos delictivos y actos de corrupción detectados, bajo una modalidad de denuncia anónima.
La corresponsabilidad de la población es clave para aumentar la confianza y, por ende, la eficacia de las instituciones policiacas. Evitar o negar actos de corrupción propicia cambios actitudinales que redundan en un beneficio para la población. Esto ya que, mientras mayor confianza le tengamos a las corporaciones con una veeduría a su comportamiento, mayor y mejor comunicación tendremos con los elementos. La comunicación se traduce en información, por lo que se allegaría de datos para conocer los problemas comunitarios locales, así como detectar zonas de riesgo para la población e individuos que pueden generar conflicto.
La confianza en las instituciones es un trabajo que nos involucra como población. Y para generarla es necesario disminuir y evitar las malas actuaciones, negligencia y actos de corrupción, a cuya presentación debería existir una queja o denuncia para que institucionalmente se registren y procesen estas conductas. Buscar la rendición de cuentas en el actuar de nuestras autoridades es cómo podemos generar un cambio para disminuir los índices de violencia, impunidad y criminalidad.
@yei_lechuga
