Manuel Vélez
Fomentar la creación de capacidades institucionales es la eterna solución vertida en un sinnúmero de propuestas de política e intervenciones de asistencia técnica de casi cualquier ámbito. Ante cualquier problema, la receta es casi siempre la misma con algunos matices: realizar diagnósticos, impartir capacitaciones y/o talleres, crear protocolos, donar infraestructura, implementar alguna solución tecnológica o cambio organizacional, entre muchas otras. En ocasiones, la receta sale bien, pero en otras, no tanto. ¿Será este el caso de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica?
En 2023, el ONC publicó un informe al respecto con resultados poco alentadores. Desde entonces, ha trascendido que algunas de estas unidades conformaron el Comité Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero (CONAUIALD) ante la ausencia de liderazgo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal. Dicho comité ha pugnado por trabajar de manera más coordinada e incluso aliarse con asociaciones empresariales, es decir, comenzar a funcionar más como una red de unidades y no como organizaciones aisladas.
Pero, por otro lado, hubo un acontecimiento desafortunado que amerita una reflexión a profundidad. Este es el caso de Nuevo León el cual resulta llamativo por dos motivos. Primero, resolver el tema de su adscripción fue el resultado de una larga tragedia que escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando realizamos nuestra investigación, lo poco que encontramos era que existían dos unidades simultáneamente. Una estaba en la fiscalía, mientras que la otra se ubicaba en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
El máximo tribunal determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica se transfiriera a la Fiscalía General de Justicia del Estado y que por lo tanto, ya solo existiera una sola. En este sentido, no omito traer a colación que esta honorable fiscalía tuvo a bien reservar por 5 años la información que le solicitamos sobre la cantidad de servidores públicos que trabajan en la unidad así como otros elementos necesarios para cualquier ejercicio básico de transparencia y rendición de cuentas.
Segundo, trascendió un artículo de opinión en el que se narraba cómo funcionarios de la unidad previamente adscrita a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado (y por ende, bajo el mando del gobernador Samuel García) extorsionaban o dicho de manera más elegante, pasaban la charola a empresarios regios bajo la amenaza de que habían detectado “irregularidades” en sus operaciones empresariales. Otros ejemplos de abusos ventilados en medios de comunicación han ocurrido en Sinaloa y la Ciudad de México.
Ambos sucesos plantean una realidad muy dura. La construcción de capacidades ocurre en un contexto en el que no existe garantía alguna de que gobernadores, fiscales u otros altos funcionarios no abusen de las UIPE. Los pocos controles que hay se ejercen por congresos estatales, pero estos dependen del equilibrio de fuerzas de los partidos por lo que no es necesariamente una opción efectiva para mitigar este riesgo en el corto plazo. Los controles internos dirigidos al personal operativo simplemente no bastarán para evitar que actores políticos con agendas distintas resistan la tentación de utilizar la información patrimonial y económica con fines aviesos.
Sin una regulación, supervisión y controles bien pensados, me temo que por más inversiones que se realicen en la construcción de capacidades antilavado a nivel subnacional, su desempeño estará parcialmente sujeto a los intereses y voluntades de los actores políticos. La mayoría de las UIPE se encuentran en un proceso de crecimiento y por ende, su situación de fragilidad institucional no les permite resistir las injerencias que he descrito. Si las UIPE se mantienen como una prioridad nacional en el siguiente sexenio, deberán remediarse estas y otras fallas en el diagnóstico e implementación ya descubiertas por el ONC; de lo contrario el funcionamiento de estas áreas seguirá siendo un cheque en blanco para las autoridades en turno y electas.
@VelezManuel
Subdirector de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano
